De la información publicada por esta emisora en su página web no es posible saber por qué motivo Cornejo afirma que el horrible crimen de Salas y sus vicisitudes procesales deben avergonzar a los salteños, mientras que otros crímenes de similar o aún de mayor gravedad, como el doble asesinato y violación de las turistas francesas en julio de 2011 (un caso al que el Procurador General ha vuelto a restar importancia, al menos en cuanto a sus consecuencias psicológicas sobre el ánimo de los ciudadanos de Salta) no provocan un sentimiento similar.
En las mismas declaraciones Cornejo afirma: «Cada vez que quiero avanzar con la causa Jimena Salas tengo un problema».
El problema al que se refiere el Procurador General es que sus personalísimas decisiones en este asunto son -a su juicio- «entorpecidas a propósito» por personas a las que en estas declaraciones el magistrado no ha identificado pero cuya identidad se puede deducir fácilmente de la denuncia penal que el señor Cornejo formulara recientemente ante la justicia federal de su provincial por un presunto delito de extorsiones cometido, también presuntamente, por un periodista de larga trayectoria y un abogado del foro local.
De las palabras de Cornejo se puede deducir que el magistrado carece de herramientas procesales, de recursos humanos suficientemente preparados o de capacidad personal para eliminar de forma eficaz los obstáculos con los que aparentemente se enfrenta en un asunto cuyo esclarecimiento él ha tomado como un reto personal intentado aparecer ante la opinión pública como el único interesado, cuando la verdad es que la impunidad del asesinato de Jimena Salas es un asunto grave e intolerable y en los últimos meses su esclarecimiento ha adoptado la forma y el peso de una demanda social consistente y persistente que excede notablemente los límites del enorme ego del señor Cornejo.
Dice Cornejo que cuando se dispone a «avanzar» en la causa de Jimena Salas su tarea es entorpecida por «insultos y agravios», lo que debe constituir un caso único en el mundo en el que la parálisis judicial y la falta de resultados concretos de una investigación penal no se debe a la propia complejidad del asunto, a las tramas criminales o a la propia ineficacia del aparato judicial sino al sentido del decoro personal del magistrado encargado de investigar el delito o el crimen de que se trate.
Lógico es suponer que si los «insultos y agravios» que denuncia Cornejo no le permiten realizar adecuadamente su trabajo como jefe de los fiscales de la Provincia, la mejor decisión que podría adoptar el magistrado en estos momentos es la de presentar su dimisión y dejar paso a un Procurador General que tenga la piel un poco más resistente.