La jueza Dip Torres deniega la excarcelación del menor detenido por el asesinato de Sandra Palomo

  • La Jueza de Menores Nº 1 de la ciudad de Salta, señora Tatiana Dip Torres, ha denegado la petición de libertad provisional de uno de los menores de 17 años que permanece detenido e imputado por un delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en carácter de partícipe necesario, cometido en la persona de la docente Sandra Palomo.
  • El asesinato de la docente formoseña en Salta

La decisión de jueza Dip Torres ha valorado la opinión de la fiscal del caso que ha interesado la prolongación de la actual situación procesal del imputado, «por haberse determinado un peligro de entorpecimiento de la investigación». En su informe, la fiscal tambien sostiene como argumento para la denegación de la libertad solicitada el hecho de que la escala penal prevista para el delito es lo suficientemente alta como para no acceder a tal solicitud.


En esta causa penal también se encuentra imputado como partícipe necesario otro joven de 17 años. En tanto, un menor de 15 años está imputado del delito de homicidio agravado por ensañamiento y alevosía en carácter de autor.

La investigación judicial se encamina a esclarecer las circunstancias, los motivos y los autores del homicidio de la docente Sandra Palomo, cuyo cuerpo sin vida fue hallado el pasado día 31 de agosto en inmediaciones del río Arenales, al sur de la ciudad de Salta.

En el mismo expediente se encuentra en trámite una medida cautelar solicitada por el Asesor de Menores Nº 4 con el objeto de «resguardar la intimidad» del joven de 15 años que se encuentra detenido. La magistrada ha solicitado al juez que se ordene que en las informaciones que se den a conocer sobre el hecho, los medios de comunicación se abstengan de revelar detalles que lesionen su intimidad, honor o imagen, o se publiquen cuestiones de su vida privada.

La solicitud está amparada en el artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño, en los preceptos de la ley nacional 26061 y en otras normas vigentes que amparan como interés superior la intimidad de los niños, niñas y adolescentes que de alguna manera se encuentren judicializados.