Burgos se ha inscrito en el mencionado concurso sin haber previamente renunciado a su cargo de presidente del Colegio de Abogados, lo que ha despertado un significativo recelo en el seno de la abogacía salteña y levantado las consecuentes sospechas en torno a la imparcialidad y la ecuanimidad de los consejeros que deben evaluar tanto los antecedentes como la idoneidad profesional de Burgos.
Los cuestionamientos han comenzado poniendo de relieve la simultaneidad del ejercicio de la presidencia de la corporación pública que agrupa a los letrados de Salta con la condición de candidato en un concurso público del Consejo de la Magistratura, pero luego han escalado para dirigirse contra la propia trayectoria y personalidad del candidato.
Desde algunas posiciones críticas se insiste en señalar que, con independencia del mandato vigente que ostenta en el Colegio de Abogados de Salta, el abogado Burgos viene influyendo, desde hace años y de manera decisiva, en la configuración y en las decisiones que adopta el Consejo de la Magistratura de Salta.
De hecho, los seis consejeros (tres titulares y tres suplentes) electos por los abogados en el periodo anterior pertenecen al sector interno orientado por el expresidente Eduardo Jesús Romani y el propio Burgos. La situación ha variado solamente un poco ahora, puesto que de los seis consejeros abogados, cuatro responden a la misma orientación político-ideológica y no tendrían, en principio, problemas para avalar la candidatura a juez de quien es pública e inequívocamente considerado como «uno de los suyos».
A ello se suma el hecho de que un consejero suplente electo recientemente por los jueces (el abogado Gonzalo Mariño Michel, que llegó a sentarse en el Consejo de la Magistratura sin haber pronunciado una sola sentencia) también ha formado parte de la misma directiva del Colegio de Abogados de Salta y pertenece a la misma fracción interna.
Todos estos elementos contribuyen a reforzar la sospecha razonable de que la postulación de Burgos como aspirarte a integrar la terna final en el concurso pueda estar teñida de parcialidad y de influencias indebidas. Unas influencias que, de existir, no solo lesionarían seriamente los derechos y legítimas expectativas de los otros aspirantes al mismo cargo sino que descalificarían al concurso mismo en toda su integridad.
Un grupo de abogados disidentes de la dirección corporativa ha dirigido un escrito al presidente Burgos expresándole su preocupación por el hecho de su inscripción en el concurso y solicitando una reunión formal con el pleno del consejo directivo del Colegio «a los fines de dialogar respecto de vuestra determinación personal y las implicancias de dicha decisión respecto de la representación que ejerce de la colegiatura».
A pesar de que este escrito fue registrado el pasado día miércoles 11 de septiembre, aún no ha sido respondido por Burgos.
Otro tanto ha hecho el denominado Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta, que al día siguiente ha presentado otro escrito al presidente Burgos para decirle que su postulación «choca con la representación de Ud. ostenta como presidente del Colegio de Abogados de Salta». Los miembros del FOCIS consideran que dicha representación «conlleva un mandato temporal de cumplimiento inexorable».
En este escrito se señala también que la decisión de Burgos (a la que insistentemente se califica de personal, cuando perfectamente puede responder a una estrategia sectorial) «produce un inocultable deterioro institucional al evidenciar conductas disímiles con respecto a representar a los abogados por un lado y tener la voluntad personal de ser juez por otro».
El escrito del FOCIS tampoco ha sido respondido por ninguna autoridad o representante de la dirección del Colegio de Abogados de Salta.
Sin embargo, más que incompatibilidad moral entre ambas condiciones (la de presidente de los abogados y candidato a juez), lo que complica el panorama y sustrae transparencia al concurso es el claro ascendiente de Burgos sobre un grupo bastante identificable de consejeros, sin que se conozca por el momento que en el referido concurso se hubieran producido abstenciones o recusaciones (ni siquiera simbólicas o testimoniales) que, de haberse producido, tampoco hubieran contribuido sustancialmente a aventar las sospechas de trato de favor, habida cuenta de la peculiar configuración y funcionamiento del órgano constitucional encargado de seleccionar a los jueces inferiores de Salta.
Si bien el FOCIS ha emplazado a Burgos a elegir entre una situación y la otra, quienes miran con mucha preocupación lo que está sucediendo alrededor de este concurso consideran que Burgos no solo debe retirar su candidatura al cargo convocado sino también presentar de forma inmediata su dimisión al cargo que ocupa en el Colegio de Abogados. Será esta -dicen- la única forma aceptable de velar por la transparencia y ecuanimidad del concurso y, al mismo tiempo, de dejar a salvo la honorabilidad personal y el prestigio profesional del doctor Burgos.
Entienden, por consiguiente, que las circunstancias «manifiestamente irregulares» que rodean a la postulación de Burgos configuran una transgresión inadmisible de la ética profesional y que su restauración no se satisface simplemente con el ejercicio de una «opción» por parte del causante sino con la concreción de su efectivo retiro del activismo militante.
