El magistrado salteño se ha amparado en el artículo 263 del vigente Código Procesal Penal de la Provincia de Salta que limita claramente a jueces de garantías y fiscales a la hora de informar a la prensa sobre los hechos que son objeto de investigación criminal en la justicia y les prohíbe «efectuar apreciaciones sobre la entidad de la participación o la culpabilidad de los intervinientes hasta que el Fiscal formule el Requerimiento de Remisión de Causa a Juicio».
El mismo precepto legal, bien que de forma excepcional, autoriza a ambas categorías de magistrados a «formular aclaraciones ante la divulgación de informaciones erróneas o que no se correspondan con los trámites cumplidos».
Ante la continua intoxicación a los medios de comunicación por parte de la hiperactiva oficina del Procurador General sobre diferentes causas penales aún irresueltas -entre ellas, la de los brigadistas- Rodríguez Pipino ha querido salir al paso de estas informaciones que él considera erróneas y ha aclarado que esta causa en particular, «se encuentra tramitada según los plazos procesales correspondientes».
Como se recordará, a falta de imputación de funcionarios con mayor nivel de responsabilidad, se encuentran vinculados a esta causa, todavía en calidad de imputados, los señores Víctor Jesús de Ola Castro, Roberto Durnelli y Víctor César Dagum, todos ellos provisionalmente imputados de un delito de omisión de deberes de funcionario público.
Según Rodríguez Pipino, desde que ingresó el expediente en su juzgado, «se dio trámite a los respectivos pedidos de las pruebas según lo solicitado por las partes, los que actualmente se encuentran diligenciados en los organismos pertinentes». El magistrado aclara también que «nunca cesaron las diligencias procesales que la etapa de juicio trae aparejadas».
Ocurre sin embargo que el gobierno provincial de Salta, principal responsable civil subsidiario, interpuso en su día ante el Tribunal de Impugnación un recurso de casación contra la resolución de Rodríguez Pipino que desestimó su alegación de incompetencia. En aquella oportunidad, el Juez de Garantías dijo con claridad que «el Estado provincial también puede ser demandado dentro del proceso penal. Ello en el marco de la actoría civil instada por los damnificados».
De modo y manera que si el proceso no ha avanzado más, ello se debe no a la mora judicial sino a que el gobierno provincial pretende eludir su responsabilidad mediante la interposición de un recurso claramente dilatorio. Según Rodríguez Pipino, «ante el efecto suspensivo que caracteriza al recurso de casación, la causa penal seguida contra los tres imputados sufre una nueva dilación que impide fijar fecha para el debate».
La rotunda desmentida del magistrado se suma así a otras similares que ponen de manifiesto, ya sin ningún género de dudas, que el nuevo Procurador General de la Provincia, abrasado en la hoguera del populismo punitivo, ha entrado en algunas causas como elefante en un bazar, llevándose por delante el derecho al honor y la autoestima profesional de jueces, fiscales y abogados, que, bien o mal, solo se dedican a hacer su trabajo.