La información oficial dice que el sacerdote Zanchetta, imputado por varios delitos de abuso sexual continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido, conducta prevista y reprimida por el artículo 119 quinto párrafo inciso b del Código Penal argentino, podrá permanecer en libertad, pero con medidas cautelares.
El Juez de Garantías Nº 2 de la ciudad de Orán, señor Claudio Parisi ha ordenado el retiro del pasaporte del prelado y le ha impuesto la prohibición de abandonar el territorio nacional.
Entre las medidas, sin duda menores, que Parisi ha ordenado sobre Zanchetta se cuentan la de «abstenerse de realizar cualquier acto que obstaculice el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley y de acercarse a las víctimas o a su grupo familiar».
El caso es que, por unos delitos parecidos, la entonces fiscal de delitos sexuales de la ciudad de Salta, señora Luján Sodero, le dijo al juez que el también sacerdote José Carlos Aguilera, no podía permanecer en libertad, ya que en tal situación el cura podía, por su influencia sobre los demás miembros de la Iglesia, alterar pruebas y entorpecer así la investigación judicial.
Pero si tal cosa podía hacer Aguilera, con el simple rango de capellán de una universidad confesional, qué no podría hacer Zanchetta, que no solo fue Obispo de Orán, sino que además desempeña un alto cargo en el Vaticano, por designación directa del Papa Francisco, a quien se considera estrechamente vinculado.
La reacción judicial, tanto en un caso como en otro, es bastante desigual y también desproporcionada, por el hecho de que Zanchetta podría haber cometido los delitos que se le imputan, no solo valido de su condición sacerdotal, sino también apoyado su poder de dirección sobre instituciones como el seminario de Orán.