La noticia que de forma oficial ha difundido este mediodía a los medios el aparato de prensa de la Corte de Justicia de Salta dice que la señora Bonari ha impartido «una charla de capacitación a los miembros de la Cámara de Senadores».
Es decir, los que estaban no-capacitados eran los senadores provinciales (representantes electos por el voto popular), y la que estaba, no capacitada sino re-capacitada, era la señora Bonari, electa en su cargo nada más que por el dedo bienhechor del Gobernador de la Provincia y sin examen de por medio.
Para mayor gravedad, la charla de esta nueva sabia ateniense que había sido la juez Bonari «enmarcó en la denominada Ley Micaela (ley nacional 27.499) que establece la necesidad de formación en todos los estamentos [sic] del Estado».
Para empezar, hasta que Bonari no desempolvó su cartilla ante los brutísimos senadores provinciales, no se sabía que el Estado salteño estaba dividido en «estamentos». Tal vez mañana, Bonari acuda también a despertar conciencias a la corporación de artesanos o al gremio de los comerciantes medievales, unidos a los tres poderes constituidos del Estado por una especie de cordón umbilical.
Nadie duda de que la señora Bonari algo tiene que saber de «temáticas de género y violencia contra las mujeres», pero ¿hasta qué punto sabe más que los senadores? ¿Es que la señora Bonari -que obtuvo su título de abogada con casi cuarenta años- rindió algún examen «de género»?
Si el artículo 2 de la famosa Ley Micaela dice que las personas obligadas a recibir formación deberán hacerlo «en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que desempeñan sus funciones», y si el artículo 2 de la ley provincial 8139 (de adhesión de la Provincia de Salta a la ley nacional) dice que la autoridad de aplicación de aquélla es el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, ¿qué pinta Bonari en todo esto? ¿Acaso la ha mandado allí el ministro López Arias?
Lo mejor de todo es que la mujer que ha «capacitado» a nuestros senadores provinciales tiene un elevado sentido republicano sobre la cuestión de género y sobre el trabajo de las mujeres en las instituciones del Estado, como lo demuestra la hostil relación que mantiene la «capacitadora» con algunas de las mujeres que se sientan en el Consejo de la Magistratura de Salta.
Si el Senado realmente fuese consciente de la humillación institucional que ha sufrido por el arrebato de sabiduría de la jueza, mañana un senador cualquiera, o los veintitrés a coro, pueden presentarse a las puertas de la Ciudad Judicial de El Huaico para enseñarles a los jueces de la Corte de Justicia algunos conceptos filosóficos elementales (que no saben) como los de «verdad», «justicia», «soberanía», «constitución» o «igualdad», y podrían hacerlo, no en nombre de la Ley Micaela, sino en nombre de su mayor conocimiento en estas cuestiones. De paso, algún experto en relaciones humanas -senador o portero de escuela- podría enseñarle a Bonari a tratar mejor sus colegas mujeres del Consejo de la Magistratura.
Pero desgraciadamente no funcionan así los «estamentos» del Estado. Entre el Poder Judicial y el Legislativo, aunque en los hechos las cosas son como son, no hay una relación de enseñante a enseñado. Cada uno en su casa y Dios en la de todos. Ninguna Ley Micaela dice que se le deba faltar el respeto debido al Poder Legislativo de esta forma; ninguna ley ni reglamento autoriza al presidente del Consejo de la Magistratura a tratar como felpudo a los demás consejeros. Y tratándose de una mujer, ya podría Bonari aplicarse un buen ungüento de Micaela ella misma, antes de salir a embestir como un toro cegado por su propia sangre.
Mañana, cuando aterrice sobre la mesa de Bonari algún expediente en donde sea parte la Cámara de Senadores de la Provincia o en el que alguien cuestione la legalidad de sus procedimientos, la jueza podrá decir -y no sin razón- «Dejame que yo resuelva este asunto, con tal, los tengo a los senadores comiendo de mi mano. Soy yo la que les enseño lo que ellos no saben».