La Asociación de Jueces de Salta, escisión interesada del Colegio de Magistrados fomentada directamente por el actual presidente de la Corte de Justicia provincial, Guillermo Catalano, ha decidido desistir de la acción popular de inconstitucionalidad que había interpuesto contra el artículo 156 de la Constitución de Salta, con la pretensión de que mediante una sentencia pronunciada por uno de los poderes constituidos se enmendara el precepto constitucional que establece en seis años la duración del mandato de los jueces del más alto tribunal de justicia provincial.
El anuncio, que todavía no es oficial, supone el repliegue temporal de las estructuras del Poder Judicial más vinculadas con el poder político provincial, y un rotundo triunfo político de los intelectuales, activistas y ciudadanos que se opusieron con fuerza al irregular intento reformista.
El desistimiento ha dejado un cierto mal sabor de boca, por cuanto el trámite procesal de la acción popular de inconstitucionalidad avanzó mucho más de los límites razonables en derecho para una pretensión manifiestamente ilegítima. En un alarde innecesario de poder, la Corte de Justicia admitió a trámite la demanda y acordó el traslado previsto en la ley tanto al Gobernador de la Provincia como al Fiscal de Estado, ignorando al mismo tiempo las posturas procesales de otros interesados legítimos, como el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta y el Colegio de Abogados y Procuradores.
El desistimiento se produce en un momento político crítico, pues el año pasado para estas fechas, cuando era casi un secreto a voces que la pretensión reformista irregular estaba condenada al fracaso, los jueces que la formalizaron se congratulaban por -a su juicio- «haber instalado» la necesidad de la reforma constitucional en la agenda política.
Un año después la situación es completamente diferente, pues tanto han tensado la cuerda los jueces insurrectos que han terminado por solidificar a una oposición, que con argumentos jurídicos, lógicos y políticos ha sabido desmontar pacientemente la teoría de que la duración vitalicia de los jueces superiores es necesaria para el correcto funcionamiento del Poder Judicial y de la democracia en Salta.
Desde aquella certeza inicial sobre una exitosa manipulación de la opinión pública han ocurrido hechos cuya trascendencia no puede ser ignorada:
1) Los escandalosos concursos del Consejo de la Magistratura, órgano constitucional de conformación plural pero que en los hechos está dominado por la Corte de Justicia.
2) La denuncia de varios diputados provinciales contra el presidente de la Corte de Justicia de Salta Guillermo Catalano, para quien solicitaron el enjuiciamiento político y la destitución, pretensiones que posteriormente fueron desestimadas por una comisión parlamentaria minúscula.
3) La integración especial de la Corte de Justicia de Salta con jueces de reemplazo elegidos irregularmente, y de espaldas a los precedentes jurisprudenciales en la materia.
4) La inesperada dimisión del juez Abel Cornejo Castellanos a su cargo de juez de la Corte de Justicia, que se produjo en medio de un clima de contestación a los excesos de poder de la cúpula judicial.
5) El resultado de las elecciones celebradas entre los abogados ejercientes de Salta para designar representantes al Consejo de la Magistratura, que se saldó con una visible fractura entre los letrados, y la representación, por primera vez en muchos años, de la minoría, encarnada en la figura creciente de la abogada Graciela Abutt Carol.
6) El contundente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación con la reforma constitucional de las provincias de La Rioja y Río Negro, que ha dejado claro -aun para los que sostenían posturas contrarias- que las constituciones provinciales solo pueden ser objeto de reforma por los procedimientos y con las formalidades previstas en los propios textos constitucionales.
Renuncia de uno de los jueces jubilados
La caída de la acción popular de inconstitucionalidad ha sido seguida por el anuncio de la dimisión de uno de los tres jueces jubilados, que fueron designados mediante una simple acordada para desempeñarse como magistrados del Tribunal de Impugnación, del orden jurisdiccional penal de Salta.La renuncia a su cargo del señor Luis Félix Costas se ha conocido casi simultáneamente al anuncio de desistimiento de la acción popular de inconstitucionalidad.
Costas había sido designado para integrar la Corte de Justicia que debía resolver aquella acción.
Si bien hasta ahora no ha habido reacciones a su decisión, el alejamiento de Costas de la justicia provincial puede estar hablando del alto grado de insatisfacción entre la judicatura local por el largo desempeño de unos jueces que fueron convocados de urgencia para llenar unos cargos que son por definición temporales pero que sin embargo llevan años sin que el presidente de la Corte de Justicia haya requerido al Gobernador de la Provincia para que convoque los correspondientes concursos.