La designación gubernamental tiene lugar pocos días después de que el juez Abel Cornejo Castellanos anunciara su decisión de dejar su cargo, cuando falta algo más de un año para que expire su mandato constitucional.
Con este movimiento, Urtubey se asegura de renovar, antes de dejar su cargo en diciembre de este año, a cuatro jueces de la Corte de Justicia, más el Procurador General, sustrayendo de este modo al siguiente Gobernador la posibilidad de proponer a dos de estos cargos.
En los pasillos de la Ciudad Judicial ha saltado la sorpresa, no solo por la distancia que se suponía que había puesto el procurador López Viñals con el gobierno provincial, sino también por la conocida antipatía existente entre el nuevo juez propuesto y el actual presidente de la Corte de Justicia, señor Guillermo Alberto Catalano.
De concretarse en una fecha razonable el proceso previo a la formalización de su designación, no será López Viñals sino su sucesor quien deba fijar la postura del Ministerio Público Fiscal de Salta en el controvertido proceso de acción popular de inconstitucionalidad con el que una asociación de jueces controlada por el juez Catalano pretende reformar la Constitución de Salta en beneficio de la corporación judicial.