No es una novedad para nadie que en las dos décadas pasadas el Consejo de la Magistratura ha vivido una infancia institucional traumática, caracterizada primero por la dificultosa inserción de una institución de matriz claramente europea en un sistema judicial casi calcado al de los Estados Unidos de América, y después, por la manipulación política, que, por razones que no viene al caso analizar ahora, se ha hecho mucho más descarada y perniciosa en los últimos cuatro años.
Ha llegado quizá el momento de dar un salto de calidad y de iniciar una nueva etapa en el Consejo de la Magistratura de Salta, que le conduzca a su madurez institucional, acabando al mismo tiempo con la precariedad y el amiguismo.
Pero el camino hacia este objetivo tan necesario se antoja difícil y plagado de trampas.
Por este motivo, la elección de los jueces -más incluso que la elección de los abogados, la de los magistrados del Ministerio Público y los representantes de los diputados- tiene una trascendencia especial. Porque son los jueces que ahora ejercen el Poder Judicial del Estado los que, frente a otras instancias, están llamados a liderar el cambio que permita que el Consejo de la Magistratura deje de ser un «órgano al servicio del poder» para convertirse en la institución neutral y respetuosa del Derecho que siempre debió ser.
El hecho de que a esta elección se presenten dos listas es un claro indicador de que estamos frente a una oportunidad histórica para dar aquel gran salto de calidad que nuestra judicatura viene reclamando desde hace tiempo. Las opciones no pueden ser más claras: por un lado, una lista cercana al poder que promete la continuidad de un sistema que directa o indirectamente favorece los intereses políticos y económicos de los poderosos de turno, y, en frente de ella, otra lista, más distante y crítica con el poder, más respetuosa de la neutralidad institucional y abiertamente comprometida con la calidad del proceso de selección de jueces.
La elección -que afortunadamente es secreta- constituye una oportunidad para rescatar la dignidad de la profesión judicial, tan golpeada en los últimos años por las continuas sospechas de parcialidad de muchos órganos judiciales, puesta en entredicho -a veces injustamente- por sectores poco informados de la opinión pública, y que ha alcanzado un punto muy bajo el año pasado con el pedido de destitución en juicio político -finalmente no admitido a trámite- formulado entonces contra el presidente de la Corte de Justicia en la Cámara de Diputados.
Hace dos años, el Gobernador de la Provincia se dio el lujo de anular, sin tener ninguna facultad constitucional para ello, un concurso que había decidido y finiquitado el Consejo de la Magistratura. Antes y después de aquel desplante institucional, vergonzosamente secundado por la Fiscal de Estado, el proceso de selección de jueces en Salta ha estado rodeado de sospechas y, a menudo, también de escándalos.
Muchos jueces de la Provincia de Salta -me consta- quieren acabar con todo esto y poner al Consejo de la Magistratura a trabajar en serio detrás de sus objetivos más trascendentes, pero dudan por cuál de las dos listas decantarse.
Los avales y la violencia moral sobre los jueces
La judicatura de Salta ha vivido momentos de zozobra y de indignación a causa de exigencia compulsiva de avales (mecanismo no previsto en las normas vigentes) a favor de una de las dos candidaturas en liza. A muchos magistrados en ejercicio se les ha arrancado literalmente la firma -que supone una especie de voto cantado, previo a la emisión efectiva del sufragio- sin ningún respeto por su investidura, autonomía y su libertad de criterio. Es decir, se les ha conminado a firmar como si fuesen empleados de un poder irresistible.Esta forma de proceder ha puesto en guardia a muchos jueces y juezas salteños, puesto que consideran a esta maniobra incompatible con los principios democráticos que deben presidir esta elección. Es por esta razón que en los últimos días ha venido cobrando cuerpo y concitando un número significativo de adeptos un movimiento que, en defensa de la dignidad intrínseca de la profesión de juez, intenta que cada elector acuda a votar con plena libertad y sin injustos pesos en sus conciencias.
La independencia interna de los magistrados
A mi juicio, la clave de todo este asunto pasa por discernir cuál de las dos propuestas asegura un respeto más genuino y efectivo a la independencia interna de los jueces. Es decir, cuál de las dos promueve la libertad de los magistrados a la hora de tomar las decisiones que les competan en la órbita de sus facultades legales, y cuál, por el contrario, pretende que los jueces resignen su independencia y pasen a formar parte de una red clientelar o de una cofradía que funciona bajo las órdenes de una estructura centralizada.Operaciones como estas tienen sus riesgos, puesto que el juez libre e independiente siempre estará en soledad frente a sus responsabilidades y frente a la historia, mientras que el juez-red siempre se podrá cobijar en la estructura de poder que le confiere sustento. Es el viejo dilema entre libertad y seguridad, solo que trasladado a la esfera judicial.
Es por esta razón que me tomo ahora la libertad de pedirles a las señoras juezas y a los señores jueces de la Provincia de Salta que valoren el esfuerzo que está haciendo el doctor Marcelo Ramón Domínguez, al dar un paso al frente y enarbolar frente a sus colegas las banderas de la libertad, la neutralidad política y la calidad institucional con su lista Compromiso Judicial.
Desde luego, no podría pedir el voto para la lista de Domínguez sin antes expresar mi respeto más sincero a la lista que encabeza el doctor Guillermo Adriano Polliotto.
Creo sin embargo que nos encontramos ante un momento muy especial de nuestra vida institucional, y que, si yo fuera juez en estos momentos y estuviese convocado a votar, haría el máximo esfuerzo reflexivo para adoptar una decisión racional y para evitar ser arrastrado por las pasiones y el compadreo que proponen los sectores más cercanos al poder y más propensos a hacer caer a la institución judicial en las perniciosas garras del verticalismo.
Sin ánimos de echar sombras sobre nadie, me parece que uno de los elementos que debe valorar el elector judicial es el hecho de que una de las listas propone como candidato a consejero suplente a un distinguido profesional del Derecho, que solo ha adquirido la condición de juez el año pasado -es decir, que carece de la experiencia necesaria- y que hasta la fecha, por razones que son fácilmente comprensibles, no ha tenido ocasión de estrenarse en su nuevo oficio. Un oficio que, por cierto, estuvo a punto de perder, de no ser porque el gobernador Urtubey anuló manu militari y obligó a repetir un concurso en el que había sido declarado no apto. Probablemente no sea él la persona más indicada para participar de la intensa vida institucional del Consejo de la Magistratura y de representar ante él a los jueces.
Por el contrario, Domínguez acredita más de 43 años como juez del Poder Judicial de Salta y varias décadas como catedrático de Derecho Constitucional en las universidades locales. Domínguez, me consta, no es un profesor cualquiera: He tenido la suerte de contarlo entre mis docentes más destacados y eruditos durante mi etapa como decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. Quienes lo conocen aseguran que jamás ha fallado en contra de sus convicciones, y en su trabajo como magistrado del Estado ha honrado siempre la responsabilidad que le han conferido sus conciudadanos, anteponiendo la ley y la justicia a su comodidad, y a veces sacrificando su tranquilidad y la de su familia.
Lo saben muy bien los cientos ciudadanos (y sus letrados) que han acudido a él para obtener amparo judicial para sus derechos fundamentales, con plenas garantías de imparcialidad, de ecuanimidad y de razonada fundamentación de sus sentencias.
El juez Domínguez, que es consciente de que la institución a la que pertenece es el último bastión que resguarda la República y sus instituciones, está convencido también de que un importante sector de la judicatura salteña necesita una representación adecuada en el Consejo de la Magistratura, que se ocupe de asegurar la transparencia de los concursos, el robustecimiento de la carrera judicial y la igualdad de oportunidades.
Quizá lo más ilusionante del discurso de Domínguez sea su visión respetuosa del pluralismo judicial. Es decir, el candidato no cree en un Poder Judicial monolítico o monocolor, sino en uno que refleje la variedad de intereses (incluidos los territoriales) y los conflictos de la sociedad a la que sirve.
También ilusiona la promesa de que esta representación plural no solo tendrá en cuenta los intereses de los jueces, sino también de quienes a diario colaboran con ellos, como los abogados auxiliares, los prosecretarios y secretarios, que en esta elección no votan, pero cuya trayectoria, experiencia e idoneidad la lista de Domínguez pretende reconocer y potenciar.
Domínguez, como muchos otros magistrados con experiencia, piensa que ha llegado la hora de decidir, sin condicionamientos, el perfil de una nueva generación de magistrados y funcionarios, y para ello pide asegurar la vigencia de reglas de juego claras, y afirma que -a diferencia de lo que sucede ahora- no le temblará el pulso para emitir votos particulares disidentes, diferentes al de la mayoría, de ser ello necesario.
En suma, que delante de los jueces letrados del Poder Judicial de Salta se abre una oportunidad única de diseñar el futuro, de asegurar la convivencia de las diferentes sensibilidades, de las orientaciones científicas diversas y de las personalidades más variadas. Domínguez asegura diálogo, apertura y colorido, frente al poder incontestable que fluye en cascada desde la cima.
No se trata, pues, de sustituir un modelo de conexión con el poder por otro, sino de reescribir las reglas, para que el cometido institucional del Consejo de la Magistratura, que es modesto y está sometido a la decisión final de otros poderes del Estado, sea cumplido con eficacia, con transparencia, con lealtad institucional y, sobre todo, con respeto a la objetividad, generalidad y preexistencia de la ley que a todos nos vincula.