En Salta, la Corte de Justicia lo puede todo; incluso convertir en judicial lo que es administrativo, y cuando le conviene -como en el caso del Tribunal Electoral- hacer exactamente lo contrario, sin dar explicaciones de ello.
Ahora resulta que con motivo del lógico traspaso a la órbita del gobierno provincial del citado registro, es necesario que sus trabajadores concluyan un inventario, para lo cual no habrá atención al público y los plazos (administrativos/registrales) que pudieran estar corriendo se suspenderán.
Para hacer esto, bastaba con una decisión del titular del registro, pero la Corte de Justicia, a cuyos integrantes les encanta numerar correlativamente las normas que dictan, ha puesto a la consideración popular la Acordada 12808, que -precisamente- declara ‘judicialmente inhábiles’ los días del inventario.
Eso sí: no habrá carnaval extendido para el personal del registro, puesto que durante los días inhábiles deberán trabajar igual, o incluso más.
Según el portavoz de la Corte de Justicia, las tres jornadas serán destinadas a tareas de inventario de la documentación, para permitir la conclusión del trámite de las actuaciones del Registro Público de Comercio.
Dicho inventario es un trámite imprescindible antes de que se concrete el traspaso de la totalidad de la documentación existente en el registro, a la Inspección General de Personas Jurídicas que depende del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia, en virtud de lo que dispone la ley provincial 8086.
Dicha ley establece que la Inspección General de Personas Jurídicas será la autoridad competente de ‘contralor’ (palabra horrible y mal empleada), fiscalización y registro dentro de la jurisdicción provincial en materia societaria.
El traspaso debe realizarse antes del 11 de marzo próximo, según está previsto en la ley y en el inútil convenio formalizado a través de la Acordada 12808.