Según la información oficial del Poder Judicial salteño, el convenio suscrito hoy recoge el compromiso de las partes signataria de «desarrollar políticas conjuntas y acciones de trabajo para combatir los delitos vinculados con el narcomenudeo o microtráfico».
Pero el caso es que ni la Corte de Justicia de Salta, ni el Poder Judicial de esta provincia, como así tampoco las instituciones homólogas de la Provincia de Santiago del Estero tienen competencias en materia de formulación de políticas en la materia, ni es su responsabilidad combatir los delitos menores de tráfico de drogas.
Al contrario, las competencias de los órganos judiciales -especialmente en Salta, en donde rige el sistema acusatorio y la instrucción de los procesos penales es responsabilidad de los fiscales y no de los jueces- se limita a la aplicación de la ley penal que reprime este tipo de delitos, sin que sean los jueces los que formulen políticas o «luchen» contra este fenómeno.
Tanto Salta como Santiago del Estero han adherido a la norma nacional que transfiere las competencias en materia de juzgamiento de delitos de tráfico de drogas de menor cuantía. Salta lo ha hecho a través de la ley provincial 7782, mientras que Santiago del Estero ha sancionado a los mismos fines la ley provincial 7782.
Hasta hoy no se sabía que los poderes judiciales de las dos provincias tuvieran un «cronograma de acciones y trabajo conjunto» materia. Ahora, en virtud de este convenio, no solo van a coordinar su agenda y su «trabajo conjunto», sino que también van a coordinar el trabajo de recursos humanos, materiales y logísticos, de equipos técnicos y de instalaciones.
La información oficial no dice nada, ni sobre el contenido de la agenda ni sobre el trabajo conjunto, así como tampoco menciona por su nombre los recursos humanos, materiales y logísticos afectados, por lo que cabe suponer que el único efecto práctico que puede tener el convenio es la homogeneización de los criterios judiciales de juzgamiento y aplicación de las penas. Todo lo demás es competencia de los respectivos gobiernos y, en su caso, de la Policía.