Tal y como estaba previsto, el pleno del Consejo de la Magistratura de Salta, presidido por el juez Abel Cornejo Castellanos, e integrado por el también juez Edgardo Albarracín, la Defensora General, María Inés Diez; los diputados Matías Posadas y Raúl Romeo Medina y los letrados María Luisa Falconier y César Rodríguez Galíndez, ha resuelto en su reunión de ayer desestimar la petición de remoción de la consejera Adriana Rodríguez Faraldo, formulada por un diputado provincial.
Descontado que el Consejo de la Magistratura adoptaría una resolución semejante (el propio presidente Cornejo había anticipado su opinión en una entrevista concedida a un medio de comunicación de Salta), la verdadera sorpresa es que la señora Rodríguez Faraldo no hubiera participado de la reunión (del debate y de la votación), ya que si bien se trataba de un asunto que le tocaba de cerca, todo parece indicar que la magistrada no tiene problemas en intervenir personalmente, con pretensiones de objetividad, en asuntos que le son cercanos y hasta íntimos. Y menos problemas todavía tienen sus compañeros consejeros.
Las reacciones no se han tardado en producir. El diputado provincial Héctor Martín Chibán, autor de la petición de remoción, ha calificado la decisión de los consejeros como «un escándalo», ya que, a su juicio, se confirma la existencia de nepotismo en la justicia provincial.
El legislador ha dado a entender que la decisión del Consejo de la Magistratura es de corte corporativo, al decir: «Buscan blindarse entre ellos. La Justicia salteña sigue generando impunidad».
A pesar de que el presidente del cuerpo dijo hace unos días en la prensa que el concurso en el que salió nominado el abogado Sergio Osvaldo Petersen, consuegro de la consejera Rodríguez Faraldo, fue regular y que la no excusación de la magistrada es algo que solo ella -y no la ley- puede decidir, el diputado Chibán insiste en que se ha consumado una agresión al ordenamiento jurídico y a los principios de igualdad y no discriminación que consagra nuestra Constitución.
A juicio del legislador, el concurso está «viciado de nulidad porque uno de los postulantes, Sergio Petersen, es consuegro y amigo íntimo de la doctora Adriana Rodríguez, quien lo evaluó».
«Esta es otra muestra de la complicidad que existe entre la política y la justicia. Después de la corrupción sigue la impunidad», ha subrayado el diputado, dando a entender que no se trata de una casualidad sino de una maniobra que se inscribe en una estrategia más vasta de blindaje del poder político en Salta.
El pasado miécoles, día 22 de agosto, se publicó en el Boletín Oficial el texto de la resolución de la Cámara de Senadores de la Legislatura provincial anunciando que el Gobernador de la Provincia ha remitido los pliegos de tres candidatos a ocupar diferentes plazas en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Entre esos pliegos figura el del abogado Petersen, candidato a ocupar el puesto de Juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Salta.
Ahora se abre el periodo previsto para que la comisión senatorial competente atienda los argumentos de quienes apoyan o rechazan las candidaturas propuestas por el Gobernador. El Senado ya tiene en su poder el escrito firmado por los diputados Mimessi y Chibán oponiéndose al acuerdo de Petersen, por la forma irregular en que se ha resuelto el concurso de selección en el que ha participado y por carecer el candidato propuesto por el gobierno de antecedentes relevantes en el campo del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
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