El servicio de prensa del Poder Judicial de Salta ha informado a primera hora de esta tarde que el juez de la Sala II del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, señor Pablo Farah, ha sido designado por sorteo para tramitar la «querella» por supuestas calumnias que el Gobernador de la Provincia, Juan Manuel Urtubey ha interpuesto «contra personas a determinar».
Según la misma información, el juez señor Farah ha impreso a la querella gubernamental «el trámite previsto en el artículo 493 del Código Procesal Penal».
Si bien el parte oficial transcribe literalmente el precepto legal, omite señalar que la investigación preliminar a que se refiere la norma es meramente potestativa y que el órgano que tramita la querella no está obligado a proceder en tal sentido.
Lo que ha hecho Farah es un favor al Gobernador de la Provincia, que disponiendo de medios económicos, jurídicos y materiales para aportar documentación e individualizar suficientemente a los autores de la presunta lesión a su honor, ha decidido -seguramente porque le resulta más barato- utilizar los medios de que dispone la justicia para investigar y que, en principio, están reservados para los delitos perseguibles de oficio.
Versiones no confirmadas señalan que, en su escrito, el Gobernador no ha aportado razones suficientes que justifiquen que, desde su alta investidura, le haya resultado imposible la individualización de los autores de las presuntas calumnias. Esta sola circunstancia -el no haber agotado los medios a su alcance para realizar las averiguaciones correspondientes- es motivo suficiente para que el juez requerido deniegue la apertura de una investigación preliminar.
Lo que parece confirmar esta dejación de sus obligaciones procesales es el hecho de que la querella apareció registrada en los tribunales a las pocas horas en que se produjera la viralización de un mensaje -presuntamente falso- en el que se señalaba a Urtubey como involucrado en la trama de corrupción que investigan los juzgados federales de la ciudad de Buenos Aires. Según algunas fuentes, en la precipitación del Gobernador se halla la confirmación de su nula diligencia de cara a la individualización suficiente de los querellados.
Por otro lado, los magistrados que integran el tribunal juzgador por antonomasia o que ostentan facultades juzgadoras, carecen en lo más mínimo de recursos de investigación, como los que pudieran tener, para otro tipo de delitos, los fiscales o los jueces de Garantías. Esta circunstancia no ha hecho ni siquiera vacilar a Urtubey, quien ha pedido al juez que utilice los recursos del Estado para suplir su propia inercia procesal.
La querella -originalmente referida como «denuncia» en la práctica totalidad de los medios de comunicación digitales de la Provincia de Salta- requerirá que el juez señor Farah se dirija mediante oficio a Facebook, en calidad de propietario de la red de mensajería Whatsapp, que es por donde ha circulado la presunta calumnia contra Urtubey.
De prosperar esta diligencia, tanto Facebook como Whatsapp -entre otras redes- serán probablemente requeridos para revelar la identidad de sus usuarios, sin que medie en este caso un interés público tutelable, y sin que el requerimiento justifique de modo alguno una más que probable lesión directa a los derechos de libertad de expresión y de producir y de hacer circular la información, en beneficio del derecho al honor de un personaje de indudable trascendencia pública.
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