El Juez de Garantías de Quinta Nominación, señor Héctor Martínez -exfuncionario del gobierno de Juan Carlos Romero- ha declarado la competencia de los juzgados y tribunales ordinarios en lo penal de la Provincia de Salta en la causa en la que se investiga al exgobernador, a su hijo y los exfuncionarios Ricardo Funes y Raúl Romeo Medina por un presunto delito de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública. La resolución del señor Martínez responde al requerimiento de inhibición formulado el pasado día 10 de septiembre por el Juez Federal Nº de Salta, señor Miguel Medina, quien entiende que el asunto debe ser instruido, juzgado y resuelto por el orden jurisdiccion al federal, invocando la competencia de sus órganos por razón del territorio.
Según entiende el juez Martínez, «de ningún modo, el accionar descrito que constituye el sustrato fáctico de la investigación puede afectar los intereses estatales o federales, toda vez que los actos reprochados se llevaron a cabo entre la Provincia de Salta en ejercicio del derecho de libre y gratuito uso, administración y goce de la parte del predio del aeropuerto de la ciudad de Salta cedido por el Estado Nacional según convenio que en tal sentido suscribieran ambos; y hemos referido que, a su vez y en consecuencia de ello, resultó concedido en comodato por la provincia de Salta a la empresa (Finca La Represa SA), por un plazo coincidente con el derecho cedido por la Nación al Estado provincial, prorrogable por igual término al de la prórroga del acuerdo que pudiera extenderse entre Nación y Provincia».
El magistrado ha puntualizado «en su resolución que la competencia federal, aunque improrrogable, es expresa, restrictiva y limitada» y en tal sentido ha dicho que «no existen causales que ameriten su intervención, por lo que no resulta procedente la inhibición de los Tribunales del fuero penal de la justicia ordinaria de la provincia de Salta, declarando consecuentemente que corresponde continuar con la tramitación de la causa en esta sede».
Como consecuencia de su decisión, el juez Martínez ha ordenado la extracción de copias y de la documentación reservada para continuar con la tramitación de la causa, elevando a su vez las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que determine qué jurisdicción, en definitiva, es la competente.