La jueza señora Norma Beatriz Vera, de la Sala IV del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, ha condenado a diez años de prisión a un hombre al que declaró culpable de ser cooperador material de la violación de su sobrina menor de edad, y, sin que se haya probado que el condenado también la hubiera violado, ordenó que al hombre le sea extraído compulsivamente su ADN para su posterior incorporación a un registro en el que constan los datos genéticos de los agresores sexuales condenados por la justicia.
Lo curioso de este asunto es que mientras el tío y «entregador» de la víctima ha sido condenado y sus datos biológicos irán a parar a un fichero de delincuentes sexuales, el autor material de la violación permanece en libertad porque la justicia no sabe quién es, qué hace o dónde se encuentra.
La información oficial dice que la señora Vera ha declarado al condenado reincidente, pero no se sabe bien si la condena anterior es por robo (delito por el que también en esta ocasión fue juzgado) o por cooperación en una violación.
El caso es que el condenado deberá someterse, por orden de la jueza, a tratamiento psicológico.
En cuanto al robo, el entregador fue absuelto del cargo por el que fue enjuiciado, ya que el fiscal, en trámite de conclusiones, se abstuvo de acusar.
Recuerda el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, que la violación ocurrió en el barrio Justicia (curiosa paradoja, puesto que la condena también ocurrió en un barrio de similar nombre), cerca del asentamiento Santa Mónica, en el sur de la capital salteña.
Según el relato oficial, el día de autos, los padres de la víctima, que por entonces tenía cinco años, dejaron a la niña y a dos de sus hermanos al cuidado del condenado. En la tarde de aquel día, el hombre se llevó a la niña y a uno de sus hermanos de tres años de edad a las márgenes del río, en donde la niña fue violada «por un sujeto no identificado».
Curioso es, sin embargo, que ni durante el juicio ni durante la fase procesal previa, el condenado revelase la identidad del agresor sexual, ni que conste en la información oficial que los órganos judiciales o la Fiscalía hayan hecho alguna diligencia para averiguar la identidad del autor de los hechos. Se entiende, pues, que el violador sigue disfrutando de su libertad.
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