
La noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido inadmitir el recurso de queja interpuesto por el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta contra la sentencia que la Corte de Justicia provincial pronunció en segunda instancia en un proceso de amparo, ha sido presentada esta mañana de un modo muy particular por el servicio oficial de prensa del Poder Judicial de Salta.
El proceso de amparo fue iniciado por la señora Marcela von Fischer, disconforme con el procedimiento y la resolución del Consejo de la Magistratura de Salta en relación con los concursos unificados para proveer cinco plazas de juez en la influyente Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Salta.
Como se recordará, la magistrada Mónica Alejandra Mukdsi resolvió en primera instancia que los concursos convocados habían sido tramitados conforme a derecho y confirmó sus resultados, pero poco más tarde estalló la polémica cuando intervino directamente el Gobernador de la Provincia para anularlos, sin tener ninguna competencia para ello.
Von Fischer acudió en apelación ante la Corte de Justicia, que le otorgó parcialmente el amparo que había solicitado, pero lo que este tribunal hizo en el fondo fue dar solamente un barniz de legalidad a la decisión anulatoria adoptada con anterioridad por la irresistible autoridad (al menos para el mundo judicial) del Gobernador de la Provincia.
Aunque la Corte de Justicia que decidió en su día que los concursos no se habían tramitado conforme a lo que prevé la ley estaba integrada por el mismísimo presidente del Consejo de la Magistratura, contra todo pronóstico, el vicepresidente de este órgano constitucional -el diputado Manuel Santiago Godoy- decidió llevar el asunto a la Corte Federal. Pero su osadía le ha salido bastante cara, pues hoy, en la comunicación de la noticia de la inadmisión de la queja (por no ser admisible el recurso extraordinario federal), se lo señala directamente a él como responsable de que este recurso fallido hubiera sido finalmente interpuesto, como si la Corte de Justicia de Salta y el Consejo de la Magistratura no tuviesen nada que ver entre sí.
Para peor, la Corte de Justicia dice en su comunicación de prensa que la vergonzosa resolución del recurso ante el máximo tribunal de justicia de la Nación «habilita» al derrotado Consejo de la Magistratura a convocar los concursos nuevamente, como querían el Gobernador de la Provincia, la señora von Fischer y otras personas.
La resolución de la CSJN, de tres líneas, nada dice por supuesto acerca de esta teórica «habilitación», pues se limita a decir que el recurso directo es inadmisible por serlo el recurso no concedido. Es decir, la Corte Federal no ha emitido ni la más mínima opinión sobre la legalidad o ilegalidad de los concursos anulados, como se pretende hacer creer.
La forma en que la Corte de Justicia ha presentado hoy el resultado de esta aparente «interna» no deja dudas acerca de que lo que se ha querido es decir que el tribunal salteño ha obrado bien, que también lo han hecho el Gobernador de la Provincia y su anterior Fiscal de Estado, que el Consejo de la Magistratura es una institución intachable y que el único responsable del revuelo es el díscolo diputado Godoy, lo cual se antoja bastante injusto.
Lo curioso es que la Corte de Justicia, supuestamente victoriosa en un pleito fratricida, estuvo conformada entonces por casi todos los jueces del Tribunal de Impugnación que han sido llamados a decidir sobre las dos acciones populares de inconstitucionalidad que se dirigen contra el artículo 156 de la Constitución provincial, por lo que el desesperado intento de rescatar el prestigio de estos jueces se interpreta como una maniobra para dar otro barniz de legalidad. Pero esta vez no ya a los concursos de selección, sino a la ilegal tramitación de dos acciones que se dirigen contra la constitucionalidad de una norma cuyo rango cae fuera de la competencia y la jurisdicción reconocidas a la Corte.