Si hasta las juntas militares cambiaban, ¿por qué no debe cambiar la Corte de Justicia de Salta?

Los argumentos a favor de la duración vitalicia de los cargos judiciales de la Corte de Justicia de Salta -especialmente los que han esgrimido los representantes de los otros tribunales superiores nacionales- ponen de manifiesto una preocupante inclinación de ciertas instancias políticas por esquemas de pensamiento y diseños institucionales propios de las tiranías.

A más de uno de los partidarios de modificar la duración temporal de los jueces de Salta se les olvida que cuando los militares tomaban por asalto el poder en la Argentina (lo que desgraciadamente ocurría con la abierta o embozada complicidad de los civiles, muchos de ellos jueces en ejercicio), el máximo órgano del Estado no era el presidente del país sino las sucesivas juntas militares, que, como todo el mundo sabe, estaban integradas por los comandantes de cada una de las fuerzas armadas.

Estos órganos tripartitos no eran, como se puede comprobar en la historia, eternos, como pretenden que sean ahora los jueces de la Corte de Justicia de Salta.

Conviene no olvidar que, a pesar de su ejercicio discrecional del poder, del notable exceso de su mando sobre la sociedad y del desconocimiento sistemático de los derechos humanos, los militares no pretendían eternizarse en el poder, hasta el punto de que sus cúpulas se renovaban periódicamente, al compás de los tiempos de ascenso de las diferentes promociones.

Habría que preguntarse por qué el doctor Guillermo Catalano pretende que una sentencia lo declare juez de la Corte de Justicia hasta el momento de su muerte (biológica o laboral) y el exgeneral Jorge Rafael Videla, uno de los dictadores más sanguinarios de la historia argentina, aceptó sin rechistar ser reemplazado en marzo de 1981 por el entonces comandante del Ejército Roberto Eduardo Viola.

Ni el doctor Catalano ni sus ilustres compañeros de tribunal deben desempeñar sus cargos de por vida, ya que la Constitución que han jurado cumplir y defender les concede unos poderes políticos cuantiosos (por ejemplo, la declaración de inconstitucionalidad de las leyes a instancias de cualquier ciudadano, sin necesidad de que exista un «caso concreto» o el juzgamiento en última instancia de la validez de las elecciones políticas), facultades de las que carecen otros tribunales superiores de provincia, cuya creciente importancia hace necesaria la periodicidad democrática en el ejercicio de los cargos y el estrecho control ciudadano.

Quienes pretenden lo contrario; es decir, que los jueces de la Corte de Justicia sean eternos, que ejerzan facultades políticas de crucial importancia y, al mismo tiempo, que carezcan de controles y no rindan cuenta periódica de sus actos, lo que están queriendo es que la democracia que tanto ha costado conseguir haga dejación de su papel de moderador de la convivencia.

Lo que conseguirán, si es que tienen éxito en su intento de tejer telas de arañas alrededor de las cuevas del poder, es que dictadores como Videla o como Viola pasen a la historia como unos amigables bigotudos y recatados detentadores del poder y, así, engañar a los ciudadanos para que crean que la democracia es más democracia solo si los jueces -previo meterle la mano en la cartera al soberano- se convierten en modernos Fidel Castros y permanecen atornillados a sus sillones durante cincuenta años, o quizá más.

Videla y Viola, dos señores que también pisotearon la Constitución cuando les dio la gana, los contemplan felices desde sus desangeladas tumbas.