La posibilidad de que un Fiscal penal de Salta resuelva imputar a la exministra de Derechos Humanos Marianela Cansino un delito de omisión de los deberes de funcionario público, en relación con la muerte del pequeño Thiago Quipildor, no se entendería como un acto de justicia si al mismo tiempo el acusador público no persiguiera por idéntica conducta a la actual ministra de Derechos Humanos y Justicia, Cintia Pamela Calletti.
Los hechos que rodearon la muerte violenta de Andrea Edith Neri en el interior de la cárcel de Salta el pasado 5 de enero de ningún modo eximen de responsabilidad a la ministra Calletti.
Sin embargo, esta funcionaria, que cuenta con una protección especial por parte del Gobernador de la Provincia, ha conseguido desviar la atención del hecho, logrando que los jueces procesen a unos guardiacárceles, cuya responsabilidad en los graves defectos del diseño del sistema de seguridad carcelario es inexistente.
La culpa in vigilando que podría dar lugar a la responsabilidad de la exministra Cansino es mucho menos intensa en el caso de la muerte de Thiago Quipildor, pues con idependencia de las actuaciones administrativas que pudieran haber tenido lugar, la colocación del menor fallecido bajo la guarda y custodia de una familia de acogida fue decidida en su día por un juez de un orden jurisdiccional especializado.
En el caso de la muerte de Andrea Neri, al contrario, no se ha verificado ninguna actuación judicial previa que permitiese que quien a la postre resultó su asesino -el recluso Chirete Herrera- fuera visitado en su celda por la joven asesinada. Las normas y criterios establecidos por Calletti no impedían esta visita cuando deberían haberlo hecho, ya que era al Ministerio de Derechos Humanos y Justicia -y, en concreto, a su titular- a quien le correspondía tomar en consideración los peligrosos antecedentes del preso, que diez años atrás del suceso había acabado con la vida de otra mujer en el interior de una cárcel. El compromiso penal del nivel político de la gestión penitenciaria es, por tanto, claro e indudable, lo mismo que la ceguera fiscal y su temor reverencial al gobierno.
Un temor reverencial que, por cierto, se ha puesto de manifiesto en toda su perversa intensidad en el caso de las turistas francesas, en el que el gobierno mantiene preso a un hombre contra quien no existen pruebas incriminatorias y que desde hace más de seis años clama por su inocencia.
Si por cualquier circunstancia Cansino resulta imputada por la muerte de Thiago Quipildor, sería muy grave que los mismos fiscales no procedieran inmediatamente contra Calletti. En ambos casos los fallecidos se encontraban bajo vigilancia y tutela del Estado.
Un trato diferencial de estas características, si se produjese, solo serviría para dejar al descubierto la desproporcionada influencia del Gobernador de la Provincia sobre la marcha de algunos asuntos judiciales que lo afectan directamente y la consecuente permeabilidad de los jueces y fiscales a los caprichos procesales del primer mandatario.
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