El juez federal argentino Claudio Bonadio ha formalizado hoy la clausura de la instrucción y la consecuente apertura de juicio oral en la causa penal identificada con el número 14.305/15, caratulada Timerman, Héctor y otros s/Encubrimiento, en la que se investiga la responsabilidad de varios antiguos responsables políticos del régimen anterior en el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la cabeza.
En una resolución de 29 folios, el magistrado ha ordenado también el enjuiciamiento del que fuera Canciller de la República, Héctor Timerman; del exsecretario Legal y Técnico de la Presidencia de la Nación y excandidato a Vicepresidente, Carlos Alberto Zannini, de Ramón Bogado, supuesto espía; de Fernando Esteche, dirigente de la agrupación Quebracho; de Luis Ángel D'Elía, piquetero del ultraderecha; de Eduardo Zuain, de Jorge Alejandro Khalil, de Oscar Parrilli, exjefe de la Inteligencia argentina; de Juan Martín Mena, exfuncionario de Inteligencia; de Angelina Abbona, exprocuradora del Tesoro de la Nación, y Andrés Larroque, diputado nacional.
La clausura de la etapa instructoria pone fin a dos años de trámites judiciales, que comenzaron con la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, que fue desestimada en dos ocasiones: una por el juez federal Daniel Rafecas y otra por su colega Ariel Lijo.
Según la resolución judicial que lleva la fecha de hoy, a los exfuncionarios y simpatizantes kirchneristas se les imputa haber participado de una maniobra delictiva tendente a asegurar la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní que fueron imputados como responsables del atentado perpetrado en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina.
La acusación fiscal concreta que tras producirse el reemplazo de Néstor Kirchner por su esposa en la primera magistratura del país «comenzaron a gestarse una serie de negociaciones secretas y oficiales que mantuvieron funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, con representantes de la República Islámica de Irán que culminaron en la suscripción del Memorando de Entendimiento».
Este acuerdo, firmado en Addis Abeba el 27 de enero de 2013, fue -en palabras del juez Bonadio- «el medio elegido para llevar a cabo el plan delictivo, el cual se presentó mediática y políticamente por el gobierno de Cristina Kirchner al momento de su firma y durante el trámite parlamentario previo a su aprobación».
De acuerdo con los términos de la resolución judicial, el plan delictivo fue orquestado y puesto en funcionamiento por la propia Cristina Kirchner, abusando de las facultades inherentes a su cargo. Para el juez, los imputados «traicionaron los intereses nacionales tradicionales e históricos y los de las personas damnificadas por los atentados, participaron en la elaboración del instrumento cuestionado y procuraron su puesta en marcha, en miras de conseguir la impunidad de los ciudadanos de nacionalidad iraní».
Kirchner, Timerman, Zuain, Abbona, Mena, Zannini, Parrilli y Larroque serán juzgados por los delitos de encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición de funcionarios públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de autoridad.
Por su parte, D'Elía, Khalil, Esteche y Bogado se sentarán en el banquillo para responder de los delitos de encubrimiento agravado por el hecho precedente y estorbo de un acto funcional.
Texto original de la resolución judicial
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