A través de un comunicado de prensa, la Corte de Justicia de Salta ha desmentido que la causa penal en la que se investigan presuntas irregularidades cometidas por testaferros del exgobernador Juan Carlos Romero en la gestión del estadio Padre Martearena haya sufrido retrasos intencionados durante su tramitación por el tribunal, como publicaron algunos medios de prensa de Salta. Dice la Corte que el pasado día 2 de junio resolvió desestimar el recurso de queja interpuesto por la abogada defensora de los procesados Fernando Javier Palópoli, Antonio Enrique Martos y Juan Carlos Ibire, contra una decisión del Tribunal de Impugnación que inadmitió a trámite un recurso de casación. Palópoli -asesor de Romero-, Martos e Ibire se encuentran procesados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado.
El comunicado de la Corte dice también que tras resolver en forma negativa el recurso directo, el expediente (36311/13) fue solicitado en préstamo por la letrada de los procesados, circunstancia ésta -aclara la Corte- que no suspende el curso de la causa principal ni impide la marcha del proceso.
Recuerda la Corte que para que concluya la instrucción y la causa pueda ser elevada a juicio, resta aún la producción de una diligencia de prueba que solicitó el Ministerio Público Fiscal en la oportunidad procesal en que debía formular acusación contra los procesados.
Finalmente, dice la Corte en su comunicado aclaratorio que el Ministerio Público Fiscal «posee con exclusividad la potestad de impulso y cuenta con los medios procesales que estime pertinentes a efectos de que se produzca la medida solicitada y continúe la marcha del proceso».