El largo garfio del gobierno provincial ha impedido que entre los acusados por el asesinato de la joven Andrea Edith Neri no se encuentren algunos funcionarios (y funcionarias) de reconocida irresponsabilidad.
En el banquillo se sentarán el autor material de los hechos, Gabriel Roberto Herrera (Chirete, para los íntimos), y los guardiacárceles Juan Carlos Gutiérrez (49), José Luis Ávalos (45), Fernando Daniel Velásquez (48), Héctor Augusto Franco y Nelson Alexander Cardozo (32).
Así lo ha decidido el Juez de Garantías Nº 4 de la ciudad de Salta, señor Diego Rodríguez Pipino, quien ha decidido remitir a juicio las actuaciones que tienen a Chirete como imputado por un delito de homicidio doblemente calificado, y a los «chirete boys» por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de auxilio seguido de muerte.
Aún no se sabe cómo estará conformado el tribunal juzgador, porque el asunto se encuentra todavía en la mesa de distribución.
Andrea Edith Neri fue asesinada a puñaladas el pasado 5 de enero, en el interior de una celda de la cárcel de Villa las Rosas, a donde había acudido a visitar al preso Herrera, en compañía de su hijo común de dos meses de edad. Nadie se explica por qué motivo se autorizó una «visita íntima» en presencia de un niño de muy corta edad, y menos por qué motivo Herrera tenía en su celda armas peligrosas.
Sin embargo, la verdadera incógnita del asunto en por qué razón no ha sido requerida por los tribunales de justicia la Ministra de Derechos Humanos y Justicia del gobierno provincial, Cintia Pamela Calletti, quien a pocas horas de conocido el espantoso suceso salió a decir que estas «son cosas que pasan» y que la culpa era de la finada, por andar noviando con un preso peligroso.
El propio Gobernador de la Provincia dijo, tanto en el país como en el extranjero, que los asesinatos de mujeres -incluidos los que ocurren en instalaciones vigiladas por su gobierno- responden a «factores culturales» y que, por este motivo tan fatal, su ministra no tiene ninguna responsabilidad en el asunto.
Lo que es improbable es que los jueces del Tribunal de Juicio a los que les toque juzgar a los seis acusados, no les otorgarán una pensión al mérito artístico, precisamente.
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