El magistrado señor Marcelo Rubio, que tiene un asiento en la Quinta Sala del Tribunal del Juicio de la ciudad de Salta, ha decretado la suspensión del juicio a prueba de un ciudadano imputado por un delito de robo simple, agravado por la participación de un menor de edad.
La decisión del magistrado obliga al ciudadano beneficiado por la medida a resarcir a su víctima con la suma de 700 pesos (33 euros), que debe pagar en dos plazos de 350 pesos (16,6 euros).
Pero además de esta obligación resarcitoria, el señor Rubio ha impuesto al imputado una serie de «reglas de conducta», algunas de las cuales se pueden considerar normales (no cometer nuevo delito, mantener actualizado el domicilio, mantenerse alejado de la víctima, abstenerse de consumir drogas y no abusar de bebidas alcohólicas y someterse a controles de conducta bimestrales por la autoridad correspondiente).
Otras, sin embargo, son un poco particulares, como la obligación de donar un bolso de pañales por mes, durante tres meses. Aunque este tipo de obligaciones judiciales son frecuentes, en este caso no se especifica a quien ha donar el imputado los pañales. Si nos atenemos a la comunicación pública del Poder Judicial de Salta, bien podría el reo donárselos a su hermana, que se debería tener por satisfecha la carga.
La otra obligación extraña es la de «continuar con los estudios primarios hasta concluirlos». Es decir, una obligación de resultado, que supone que si el reo no obtiene su certificado de séptimo grado puede ser juzgado y condenado. La información oficial no dice nada acerca del plazo de que el imputado dispone para concluir la primaria, aunque de esa omisión se puede entender que tal obligación debe ser cumplida dentro en el término de un año, que es lo que dura la suspensión del juicio a prueba.
Salvo que al reo le falte muy poco para terminar sus estudios (supongamos que los haya dejado en sexto), en cualquier otro caso lo tendrá bastante complicado para aprobar varios grados en solo un año.
En los sistemas comparados, por lo general las medidas impuestas por los jueces a cambio de eludir el juicio redundan en beneficio del conjunto social (por ejemplo, los trabajos comunitarios). En Salta, por el contrario, de lo que se trata es de asegurar la «salvación individual» del alma del reo.
La amplitud con que los jueces imponen reglas de conducta en casos de probation o de condenas de ejecución condicional ha pensar que cualquier día de estos se va a obligar a un pequeño delincuente a tomar el sacramento del bautismo y a vender cubanitos en la Plaza 9 de Julio durante el rezo de la Novena del Milagro, debiendo donar el producido de la venta a la Cofradía de la Virgen de las Lágrimas.
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