La Corte de Justicia de la Provincia de Salta ha resuelto condenar al Gobernador de la Provincia de Salta (o lo que es lo mismo, el Poder Ejecutivo) a que cumpla con la ley vigente y asegure que las comisarías y subcomisarías de la Policía provincial en territorio del Departamento de Anta cuenten con condiciones aceptables de seguridad y salubridad, así como que los detenidos reciban efectivamente asistencia médica, alimentos y acceso a la recreación.
El alto tribunal salteño ha impuesto esta condena al resolver el recurso de apelación interpuesto en un procedimiento de habeas corpus colectivo incoado por la Defensoría Penal Nº 1 y la Fiscalía Penal de Anta en nombre y en interés de las personas privadas de su libertad en la Unidad Regional Nº de la Policía y dependencias policiales de aquel extenso Departamento salteño.
La resolución judicial designa al Juez de Garantías de Primera Nominación del Distrito Judicial del Sur, Circunscripción Anta, como el encargado de comprobar las efectivas condiciones de detención, para lo cual el magistrado deberá requerir informes periódicos a la autoridad competente, y disponer las inspecciones necesarias, hasta que se constate el efectivo cumplimiento por parte del Gobernador del mandato judicial.
En un pasaje de la sentencia, la Corte de Justicia señala que «corresponde instar al Poder Ejecutivo Provincial a que arbitre, por intermedio de los organismos y dependencias pertinentes, los medios necesarios para el efectivo cumplimiento de la normativa constitucional aplicable al caso, de conformidad a la propuesta formulada con fecha 27 de abril de 2016; a proveer asistencia médica a los detenidos y a subsanar las observaciones que dan cuenta los informes agregados respecto del estado de infraestructura y condiciones de detención, realizadas en la Unidad Regional Nº 5 y en las distintas dependencias policiales del Departamento de Anta».
Puntualiza la Corte que la decisión adoptada en el caso de las comisarías de Anta concuerda con lo resuelto recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución Nº 31/2016, de 12 de mayo, en relación a la situación de los detenidos en comisarías de la Provincia de Buenos Aires.
Recuerda el tribunal salteño que la CIDH solicitó al gobierno de la República Argentina que ponga en marcha un plan de contingencia inmediato a fin de «reducir la duración de estancia prolongada en las comisarías identificadas, considerando la naturaleza temporal de las mismas, y tome acciones inmediatas para reducir sustancialmente el hacinamiento al interior de las comisarías señaladas, de acuerdo a estándares internacionales; que provea condiciones adecuadas de higiene en los recintos, acceso a agua para consumo humano y proporcione los tratamientos médicos adecuados para las personas detenidas, de acuerdo a las patologías que presenten; que adopte las medidas necesarias para contar con planes de emergencia ante cualquier eventualidad, hacer disponibles extinguidores de incendio y otras herramientas necesarias; que concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes; y que informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición».
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