La información oficial del Poder Judicial de Salta dice que el presidente de la Corte de Justicia de esta Provincia, señor Guillermo Catalano, acompañado del juez del Tribunal de Impugnación, señor Luciano Martini, ha visitado la ciudad de Metán, pero no para inspeccionar las cárceles o desarrollar -en el caso de Catalano- alguna función de superintendencia, sino para promocionar ante sus colegas de Metán una actividad de adoctrinamiento ideológico diseñada y planificada por el gobierno provincial. Si antes fue el voto electrónico, con esa soltura que los caracteriza, los jueces promocionan ahora en la ciudad de Metán, cual si fueran agentes de márketing, la realización del así llamado Foro sobre Pobreza, Equidad y Desarrollo, cuya versión original se realizó hace algunas semanas en la ciudad de Salta, con la organización del Consejo Económico Social, un órgano constitucional, de conformación en teoría plural, pero que está estrechamente controlado por el gobierno provincial y al servicio de sus necesidades.
Como es sabido, ante la escasa atención que en su momento la iniciativa despertó entre los agentes económicos y sociales de Salta, los jueces de la Corte acudieron rápidamente en auxilio del señor Urtubey, declarando su invento «de interés judicial», mediante el acuerdo unánime de los magistrados que integran la Corte de Justicia y en base a unos razonamientos de bien podrían ser calificados como de juzgado de guardia.
Para más inri, la comunicación oficial de la Corte de Justicia señala que el foro -una especie de empeño personal del hermano del Gobernador de la Provincia- está auspiciado, además de por la propia Corte, por la Cumbre Mundial de Políticas Públicas, que es otro experimento de control ideológico relacionado con ciertos grupos de interés estrechamente vinculados con el gobierno provincial.
Si la participación de miembros de la judicatura salteña en las instancias mencionadas ya es criticable por la falta de neutralidad política que supone la sola presencia de un juez en este tipo de deliberaciones, el compromiso activo de magistrados en la promoción de estas iniciativas es sencillamente indigno y negatorio del principio de separación de poderes que tanto seduce a los jueces en sus discursos y que da pie al gobierno para cometer los más graves atropellos contra el principio de la forma republicana de gobierno.
Ahora que si los jueces de la Provincia están al servicio del gobierno y de las necesidades de imagen del hermano del Gobernador de la Provincia, lo mejor es que lo digan abiertamente, para saber exactamente a qué se exponen los ciudadanos cuando solicitan el amparo de los tribunales de justicia.