La justicia del Ecuador y la familia de las víctimas han dado hoy una inolvidable lección a los tribunales argentinos de la Provincia de Salta. Lo han hecho al anunciar la fiscal del caso la apertura de una tercera investigación (que podría conducir a la celebración de un tercer juicio) por el asesinato de las turistas mendocinas María José Coni (21) y Marina Menegazzo (22), cometido hoy hace un año en aquel país sudamericano.
La decisión de la fiscal señora María Coloma Pazmiño se basa en la presunción de que no fueron menos de cinco personas las que cometieron el doble crimen. El anuncio se ha hecho público en Ecuador en momentos en que está llegando a su fin la segunda investigación, que espera su elevación a juicio y que tiene desde el pasado mes de noviembre a un presunto responsable (José Luis Pérez Castro) en prisión preventiva, a la espera de juzgamiento.
Castro podría sumarse a la lista de los ya sentenciados en agosto pasado a cuarenta años de cárcel por el tribunal de Santa Elena: Segundo Mina Ponce (34) y Aurelio Eduardo "El Rojo" Rodríguez (39).
Pero ¿qué es lo que impulsa a la fiscalía y los tribunales ecuatorianos a no dar por cerrado el caso, a pesar de la condena y procesamiento de una cantidad «suficiente» de culpables?
En principio, y dejando de lado la admirable tenacidad de la familia de las víctimas, lo que explica la apertura de la tercera investigación (que podría conducir a un tercer juicio) es el hallazgo de ADN de dos personas más, que no son ni los condenados ni el encausado Pérez Castro.
La fiscal Pazmiño, en declaraciones que reproduce hoy el diario argentino La Nación, afirma lo siguiente: «Seguro algún día caerán; hay dos muestras más. Es probable, eso depende de cuándo agenden la audiencia. De acuerdo a los genes presentes existen otras dos personas más que participaron del crimen. Es lo que se presume y las investigaciones seguirán, eso quedará ya para que otro fiscal siga con el caso. Dios quiera que se llegue a identificar a todos».
Al contrario que en Salta
La situación descrita contrasta nítidamente con la virtual renuncia a toda investigación por parte de los fiscales salteños en el caso del crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, violadas y asesinadas en Salta en julio de 2011.Como es sobradamente conocido, a la condena pronunciada en junio de 2014 por la Sala Segunda del Tribunal de Juicio de la ciudad de Salta, que encontró culpable a un solo hombre (Gustavo Lasi), se sumó la excéntrica y probablemente inconstitucional condena de otro (Santos Clemente Vera), en febrero de 2016, decidida por un tribunal que no presenció directamente las pruebas ni tuvo jamás en su presencia al nuevo condenado.
La decisión, que alivió profundamente al gobierno provincial y que prácticamente paralizó a las familias de las víctimas, supuso un carpetazo casi definitivo al caso, que ningún fiscal de Salta insinuó con reabrir, aun a sabiendas de que el crimen no pudo ser cometido solo por dos personas y de la existencia del ADN de otras tres personas aún no identificadas en el cuerpo de las víctimas.
Así, mientras en el Ecuador se ordena la apertura de una tercera investigación y se va a celebrar un segundo juicio (probablemente también un tercero), en Salta, ni la existencia de ADN ajeno a los condenados ni la certeza de la participación de otras personas han conmovido para nada la impavidez judicial, que esgrime argumentos absurdos como la cosa juzgada para negarse a investigar y a juzgar a los culpables del crimen que aún no han sido identificados.
Si los fiscales de Salta se comportaran con la misma decisión y valentía que la fiscal Pazmiño, esta es la hora en que muchos salteños podrían proclamar, como ella, «Seguro algún día caerán».