Un formidable revuelo judicial y mediático han provocado las medidas judiciales adoptadas por la Jueza de Primera Instancia Civil de Personas y Familia de Primera Nominación de Tartagal, señora Claudia Yance, en relación con una menor de edad de presunto origen colombiano, cuya custodia le fue retirada a una pareja de la misma nacionalidad, residente en la localidad de Salvador Mazza. En un comunicado oficial del Poder Judicial de Salta se aclara que la niña se encuentra actualmente alojada en un hogar de acogida a raíz de una «medida judicial excepcional», que la señora Yance adoptó «mientras avanza la investigación» sobre la identidad de la menor de edad.
La comunicación judicial se limita a decir que «derechos de raigambre constitucional permiten a la jueza actuar en este sentido, ya está en juego la identidad de la misma», pero al mismo tiempo no se cita un solo precepto constitucional.
Lo que sí no olvida la comunicación judicial es decir que sobre el supuesto progenitor de la menor, un hombre cuyas iniciales son E.J.Q., pesa una imputación penal por los delitos de amenazas y privación ilegítima de la libertad, en perjuicio de la misma niña. Yance ha ordenado que se unan las actuaciones penales al expediente civil, pero ha recordado que el supuesto progenitor se encuentra en libertad, a pedido del fiscal de la causa, sin que conste el cumplimiento por su parte de las medidas sustitutivas que le habría impuesto el juez de garantías.
También se aclara en la misma comunicación que en la vivienda que habita la pareja colombiana, el Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal ha dispuesto una consigna policial fija.
El informe también recuerda que en el pasado mes de julio, la directora de la escuela a la que asiste la niña formuló una denuncia en la Policía, después de que la niña se negara a regresar a casa por miedo a ser agredida por los que se insiste en llamar «supuestos progenitores».
En aquel momento -recuerda la comunicación judicial- la niña dijo tener otro nombre real y señaló a otra mujer como su madre. Dijo además que sufría mucho por los malos tratos físicos que recibía y que tanto su presunto padre como su presunta madre la acusaban frecuentemente de robarles dinero.
La denuncia policial de la directora escolar trae como consecuencia la internvención cautelar del Juzgado de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, que adopta medidas de protección inmediata.
Paralelamente, la jueza Yance requirió a la Secretaría de Niñez y Familia del gobierno provincial para que practique «una serie de medidas inmediatas», en ellas, acreditar los vínculos entre la niña y sus supuestos progenitores.
Señala el informe judicial que al comparecer la supuesta progenitora para acreditar la identidad de sus hijos, la mujer presentó una fotocopia plastificada de un documento de identidad, pero la niña L.V.Q. carece de documentación alguna, mientras que otro de los hijos posee un pasaporte colombiano en donde no figura el nombre de sus padres.
Ante esta situación, el pasado 29 de noviembre, la misma jueza Yance, ordenó que se practique la prueba de ADN para determinar si existe vículo biológico entre la pareja colombiana y la niña L.V.Q.
Finaliza la comunicación judicial diciendo que, valorados por un psicólogo forense, los restantes niños presentan un alto riesgo (no se especifica de qué), habiendo sugerido el perito su ingreso en un hogar de acogida.
Fuente: Poder Judicial de Salta