La señora Malvina Astorga, esposa de uno de los dirigentes de UTA que permanecen detenidos y sometidos a proceso penal por los sucesos que se produjeron en la sede sindical el pasado 12 de septiembre de 2016, se enfrenta ahora a una denuncia penal por amenazas y lesiones leves, formulada por otro sindicalista. Astorga es la cónyuge de Omar Daniel Alberto Pereyra, uno de los que permanece detenido y a quien se atribuye la condición de cabecilla del grupo que protagonizó una escandalosa ocupación y toma rehenes en la sede sindical de la calle San Luis.
Como esposa de uno de los detenidos, Malvina Astorga viene librando, junto con otras mujeres, una lucha sin cuartel no solo contra los sindicalistas opuestos a la línea de su marido, sino también contra los policías y las fuerzas de seguridad que custodian a los detenidos.
A comienzos de octubre pasado, Astorga denunció en los medios de comunicación el trato vejatorio y sexista de los policías que trabajan en la muy elitista Alcaidía General de la Provincia de Salta. En una ocasión en que la mujer acudió a visitar a su marido detenido, uno de los policías le deslizó un comentario sobre su atractivo físico, que no pasó inadvertido ni para la interesada ni para algunas organizaciones de mujeres.
Ahora, nos enteramos que Malvina Argentina ha sido denunciada por otro sindicalista de la UTA, afín a la dirección que ejerce Jorge Flores, por hechos que supuestamente se habrían producido en torno al 12 y 13 de septiembre pasado.
Pero la noticia no es ésta, sino que el Fiscal Penal Nº 6 de la ciudad de Salta, señor Horacio Córdoba, ha abierto contra Malvina Argentina diligencias penales, al considerar que las pruebas aportadas por el denunciante son suficientes para formalizar, en esta etapa procesal, una acusación formal contra ella.
Sobre el decreto fiscal informa hoy con prolijo detalle el diario El Tribuno de Salta, en cuya información se omite -llamativamente- indicar cuáles son las pruebas aportadas por el sindicalista denunciante y el razonamiento fiscal acerca de la idoneidad y seriedad de las supuestas amenazas vertidas por la señora Astorga.
Es de esperar que el fiscal Córdoba haya procedido como lo hizo a la vista de pruebas concretas y no solo a partir de las manifestaciones del denunciante. Estas pruebas, necesariamente, han de ser testigos creíbles que hayan presenciado en forma directa las amenazas proferidas, vídeos o grabaciones de audio, y médicos que hayan certificado que el supuesto puntapié que propinó Astorga al denunciante le produjo, efectivamente, lesiones con relevancia penal.
Si de las investigaciones preliminares realizadas por el Fiscal llegase a desprenderse que la señora Astorga se dirigió al denunciante diciéndole: «Hijo de puta te voy a matar. Ya a la vas a pagar vos infeliz, patotero», y al día siguiente lo increpó con un «ya vas a pagar hijo de mil puta; te vamos a cagar matando», lo menos que puede hacer el Fiscal es valorar el contexto emocional en que tales expresiones fueron vertidas. Y si se llegase a establecer que las supuestas amenazas coincidieron con el pico de la tensión en UTA o con la detención del marido de Astorga, la exculpación debiera ser inmediata.
Por otro lado, una amenaza de muerte realizada de viva voz, junto a unos insultos, y que es repetida al día siguiente, tiene muy pocas probabilidades de ser una amenaza seria o idónea. Si esas palabras se hubiesen efectivamente pronunciado, solo pueden ser interpretadas como una expresión de desahogo de parte de la señora Astorga, o como una reacción emocional a la privación de la libertad de su marido. Diferente sería el caso si la mujer o su marido tuviesen antecedentes de haber matado a alguien con anterioridad o de haber intimidado con amenazas a otras personas. El matrimonio Pereyra-Astorga no parece encontrarse en ninguna de estas situaciones.
Mucho más cuestionable es abrir diligencias penales contra Astorga por un puntapié cuyo receptor ha sido nada menos que el responsable del área de Deportes del sindicato UTA. Dejando a un lado la probable concurrencia de la emoción violenta, habría que calibrar cuidadosamente el daño físico que podría dejar en la humanidad de un varón la patada de una mujer, por muy indignada que esta estuviese. Realmente hay que tener la piel muy fina para denunciar penalmente a una mujer por una patada, que el secretario de Deportes podría haber recibido -con bastante peor mala intención- en un partido de fútbol entre solteros y casados. En condiciones normales, una patada como la denunciada solo habría dado lugar a un tiro libre indirecto.
Por estos hechos, Malvina Argentina Astorga deberá presentarse a declarar ante un juez el próximo martes 6 de diciembre. Aparte de las lógicas incomodidades que la situación genera, la insólita apertura de diligencias penales contra la mujer la ha privado de ejercer de «tutora» de la libertad provisional de su marido, como ha ocurrido con las otras mujeres de los sindicalistas detenidos y ahora liberados con proceso pendiente.