
Rodríguez fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión efectiva tras ser hallada culpable de nueve delitos de estafa en calidad de autora, así como coautora de otros seis delitos del mismo tipo y uno de robo simple. Rodríguez continuará alojada en la cárcel por orden judicial.
En el caso de Posse la pena ha sido de seis meses de prisión efectiva por resultar coautor material y penalmente responsable del delito de robo simple. El juez Farah procedió a revocar la condicionalidad de una condena anterior impuesta por el Juzgado de Garantías de Séptima Nominación, y a unificar la pena de ambas, por lo que Posse deberá cumplir tres años de prisión efectiva.
Por su parte, Frías fue condenada a la pena de dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional como coautora material de seis delitos de estafa.
Finalmente, Avendaño fue condenado a la misma pena, en las mismas condiciones y por los mismos hechos que Frías.
Los dos últimos no ingresarán en prisión pero deberán observar las siguientes reglas de conducta: fijar residencia y someterse al cuidado del Patronato de Presos y Liberados, abstenerse del consumo de sustancias estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas, adoptar oficio acorde a sus capacidades, realizar trabajos no remunerados a favor de una institución de bien público y presentar constancias de su cumplimiento al tribunal. Todo ello por el plazo mínimo de dos años y bajo apercibimiento de revocarse la condicionalidad de la pena impuesta.
Maniobras con terrenos
Según el portavoz de prensa del Poder Judicial salteño, los cuatro condenados se hicieron pasar por empleados de la Secretaría de Tierra y Hábitat del gobierno provincial. Invocando tal carácter, decían a sus víctimas que estaban preadjudicando carpetas para la entrega de terrenos en el barrio Atocha IV. Entre 2013 y 2014, quince incautos les entregaron entre 1.000 y 12.000 pesos cada uno.Los acusados utilizaban para concretar el engaño camionetas ploteadas con logotipos del gobierno de la Provincia, así como carpetas con membretes oficiales.
Uno de los hechos se habría cometido incluso en las dependencias de la Secretaría de Tierra y Habitat, en donde la hoy condenada María Mercedes Rodríguez citó a una de las víctimas solicitándole que le enviara mensaje de texto al llegar. Cuando la damnificada arribó al edificio, la imputada salió, la atendió y la despachó rápidamente diciéndole que estaba ocupada.
Fuente: Poder Judicial de Salta