Un ciudadano, sin patrocinio letrado y sin acompañar la documentación que acredita la legitimación procesal que invoca, ha interpuesto una acción de amparo ante el Juez de Garantías número 4 de la ciudad de Salta, señor Diego Rodríguez Pipino, con la pretensión de que éste impida que el gobierno provincial disponga de fondos públicos para pagar a los docentes los días no trabajados por huelga y ordene, además, el descuento de los días no trabajados en los meses de marzo, abril y mayo pasado. En su escrito, el ciudadano en cuestión solicitó también al juez una medida cautelar consistente en impedir el pago de los días no trabajados por huelga durante el corriente mes de julio, pero esta medida ha sido desestimada por el magistrado, que entendió que la pretensión cautelar coincide con la principal, y que de acordarse en el sentido solicitado por el peticionante se estaría adelantando el «resultado sustancial» del proceso.
Cabe recordar, que a comienzos del pasado mes de mayo, el mismo juez Rodríguez Pipino, en un procedimiento similar, iniciado por un grupo de padres que pretendía obligar a los huelguistas a volver a las aulas a través de una orden judicial, no vaciló en conceder una medida cautelar, aun a sabiendas de que el objeto de tal medida coincidía exactamente con el de la cuestión de fondo planteada en el proceso de amparo (el regreso inmediato de los docentes al trabajo y el fin de la huelga). La medida cautelar finalmente fracasó, pues el juez no logró entonces notificarla a los sujetos obligados.
Antes de resolver este nuevo amparo, las partes deberán comparecer a una audiencia que el juez Rodríguez Pipino ha señalado para el próximo día miércoles 6 de agosto (aniversario de la Independencia Nacional de Bolivia) a las 9 de la mañana.
Allí deberán verse las caras el gobierno provincial demandado y el demandante, que antes de poder sentarse en la audiencia deberá designar abogado y acompañar la documentación que demuestre que está legitimado para promover un procedimiento de esta naturaleza y alcance, ya que así se lo ha requerido el juez bajo apercibimiento de archivar su demanda.