Las cambiantes alternativas de un mediático juicio penal que por estos días tiene lugar en Salta han vuelto a poner en el candelero al hombre que sorpresiva y silenciosamente abandonó los primeros planos del gobierno provincial para, de golpe, pasar a integrar la vasta legión de exfuncionarios cobijados bajo el ala generosa del gobernador Urtubey. Cualquiera sea la relación que pudiera existir entre el exministro de Ambiente del gobierno de Salta, Francisco López Sastre, con aquel juicio penal, hay algo que ningún pronunciamiento judicial podrá cambiar ni matizar: su enorme y asombrosa capacidad para nombrar a personas de su confianza para puestos de trabajo a sueldo del Estado provincial.
Tal parece que en algún momento del devenir de la tormentosa administración pública de Salta, bastaba con mirar fijo a López Sastre, figurar en su árbol genealógico o susurrarle un piropo junto al Pucará de Tilcara para hacerse acreedor a un lugar en el organigrama del gobierno, así como a generosas retribuciones.
De la excitada lapicera de López Sastre han salido no solo contratos de parientes, amigos y favorecedores, sino también de damas errantes de muy buen ver y mejor hablar, y por qué no decirlo, designaciones de "lugareños", expertos en senderos montañosos, con pesadas e inconfesables cuentas pendientes con la justicia.
La voracidad nombradora de López Sastre parece haberse extendido a la nunca bien ponderada Escuela de Administración Pública de Salta, un club de amigos con frustrada vocación de «think tank», que, por lo que se va conociendo, podría incluso haber funcionado mejor como «sex tank».
Lo que se encuentra detrás de todo este sombrío telón es nada menos que la utilización clientelar de la planta de personal del Estado y del dinero público para satisfacer necesidades personales, sociales y políticas de coyuntura, o para dar rienda suelta al nepotismo más atávico, a través de designaciones discrecionales que agravian a aquellos que aspiran a obtener un puesto por su mérito e idoneidad.
En otras palabras, que de lo que se trata es de la confirmación -virtualmente definitiva- de que el gobierno de Urtubey, bajo el disfraz del progresismo, ha regresado a las prácticas más rancias de los conservadores de los años 30 y 40 y convertido a la administración del Estado en su coto personal de caza, en donde rige la ley del más fuerte.