La Jueza de Garantías Nº 1 de la ciudad de Salta, señora Ada Guillermina Zunino, ha ordenado la libertad provisional, con cargos y medidas cautelares, de los Cristian Molina (a) «Mambrú», Maximiliano Alejandro Cruz (a) «Loco Maxi», Daniel Ricardo Bazán (a) «Dani», Facundo Emanuel Fabián (a) «Papilo» y Emanuel Clemente Ríos Ofredi (a) «Manolo». Los cinco liberados se encontraban cumpliendo prisión preventiva desde el pasado 20 de abril, junto a Alberto Hipólito Gómez Garzón, el primer detenido en la causa, que permanece ingresado el prisión por orden de Zunino.
Los seis están imputados como autores del homicidio de Juan Pedro Cruz, Polo o Polilla, y de un menor de 17 años de edad identificado por las iniciales F. L., ambos hinchas del Club Atlético Central Norte de Salta.
Excepto Garzón, los demás deberán comparecer una vez por semana en el juzgado y someterse a tratamiento médico o psicológico. Además, tienen prohibido ausentarse de la Provincia sin autorización, acercarse al domicilio del menor, mantener contacto y ejercer actos de violencia contra el mismo. Tampoco podrán acudir a los lugares de reunión de los hinchas o simpatizantes del Club Central Norte.
Como se recordará, la misma magistrada ordenó la prisión preventiva de los que ahora se encuentran en libertad, por considerar en su momento que existía riesgo procesal, por el peligro de fuga de los imputados.
Un peligro procesal que va y viene
Sin embargo, como la medida cautelar privativa de la libertad fue ordenada por un plazo de dos meses, cuando la jueza debió renovarla se encontró con que el fiscal que interviene en el asunto no solicitó la prórroga de la medida ni aportó nuevos elementos de convicción que justifiquen que los imputados continúen privados de su libertad, el «peligro procesal» parece haber desaparecido.Curioso es sin embargo que la información oficial diga ahora que la imposición de medidas cautelares tiene por finalidad impedir la fuga de los imputados. Si las mismas medidas se hubieran acordado hace dos meses, y fuesen igualmente efectivas para borrar el peligro procesal e impedir la fuga, se podría haber evitado enviar a la cárcel a cinco personas que podrían esperar tranquilamente la celebración del juicio sin entrar en contacto con el mundo carcelario.