El presidente de la Cámara de Diputados de Salta, Santiago Godoy, en su carácter de miembro del Consejo de la Magistratura, votó favorablemente la terna de candidatos integrada por Pablo Robbio Saravia, Graciela Moreno y Juan Gálvez. Según fuentes cercanas al órgano que constitucionalmente tiene asignada la misión de seleccionar a los candidatos a ocupar las magistraturas inferiores en el Poder Judicial y el Ministerio Público, la terna fue votada por unanimidad de los miembros del Consejo y los antecedentes de cada uno de los candidatos fueron acreditados sin observaciones.
Con posterioridad, y para satisfacer los apetitos de un grupo de organizaciones que giran en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados, Godoy cuestionó la elección de Robbio Saravia, aduciendo entre otras razones de dudosa credibilidad, que el candidato había falsificado los documentos acreditativos de sus antecedentes penales y policiales.
Cuando Robbio Saravia se presentó al concurso público, ya era por todos conocido que su renuncia al cargo de Secretario Legal y Técnico del gobierno obedeció a la existencia de denuncias en su contra por presunta violencia de género. No solo lo sabían los consejeros. Lo sabía casi todo el mundo en Salta.
Lo que era ya menos conocido es que las denuncias contra Robbio Saravia no sirvieron para abrir ningún proceso penal en su contra, razón por la cual los certificados de antecedentes presentados en el concurso público no registran nada. No se conoce que Godoy, ni ningún otro consejero, haya solicitado, al menos en el caso de Robbio Saravia, información a la Fiscalía o a los juzgados especializados sobre su situación personal. Simplemente, se dieron por buenos -como no podía ser de otra manera- los documentos aportados por el candidato.
Más tarde, cuando el Gobernador eligió a su antiguo Secretario Legal y Técnico por encima de los otros dos ternados, que habían obtenido mejor puntaje en las pruebas obligatorias, algunas organizaciones feministas vinculadas con los diputados Godoy, padre e hijo, mostraron su disconformidad y obligaron al diputado padre a borrar con el codo lo que había firmado con la mano.
Aun cuando se sabía sobradamente de antemano que el Gobernador iba a elegir a Robbio, ni Godoy ni las feministas dijeron nada en contra de su designación, hasta que el pliego entró en la Comisión de Acuerdos del Senado para su análisis.
Durante la tramitación del proceso de selección para el cargo de Juez en lo Contencioso Administrativo, abierto a la participación ciudadana en forma de impugnaciones, nadie ejerció este derecho. No lo hicieron las feministas, ni a título individual ni a título colectivo.
La reacción sobreactuada de Godoy ha caído muy mal en el ámbito judicial, pues los aspavientos y las insinuaciones realizadas contra Robbio Saravia, antes que descalificar al candidato, solo han servido para poner en tela de juicio la transparencia de los procedimientos del Consejo de la Magistratura y la idoneidad de los consejeros, acusados de «misóginos» por algunas organizaciones feministas vinculadas con el poder de turno.
Lo llamativo, es que las organizaciones que tardíamente impugnaron la candidatura de Robbio Saravia no se agraviaron por el descarado amiguismo que supuso que el Gobernador haya propuesto como juez a un antiguo subordinado suyo, por encima de otros candidatos más cualificados, sino por la supuesta condición de «violento» del candidato. La diferencia está en que mientras lo primero estaba suficientemente acreditado, lo segundo jamás lo estuvo y sigue sin estarlo.