Después del tremendo error de detener a una dirigente política (presuntamente corrupta y responsable de graves quebrantos a las arcas del Estado) por delitos relacionados con alteraciones menores del orden público, y de prolongar esta detención más allá de lo razonable, los poderes públicos de la Provincia de Jujuy han rectificado y ahora la situación procesal de Milagro Sala comienza a ser más razonable. Mientras se hallaba detenida por acusaciones vagas, como la de provocar alboroto en multitud o la de instigar a cometer delitos, le llovieron a Milagro Sala denuncias, viejas y nuevas, relacionadas con el meollo de su actividad como dirigente barrial y puntera política: corrupción por doquier, enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta, malversación de fondos y un largo etcétera.
Era evidente que los jueces jujeños no podrían mantenerla en prisión por delitos claramente excarcelables, así que, de golpe, aparecieron sobre la mesa elementos que permitieron justificar una detención de dudosa legalidad. Por ejemplo, la siempre socorrida figura de la asociación ilícita, cuya sola mención ya intimida y que asegura prácticamente una prisión preventiva inmediata.
Si dejamos a un lado los errores y olvidamos que la precipitación del Gobernador de Jujuy y de sus fiscales casi le cuesta a la Argentina un sofocón internacional, lo cierto es que la detención de Milagro Sala va a permitir, entre otras cosas, la investigación de su patrimonio personal y la ruta seguida por el dinero público que, en generosas cuantías, le enviaba el gobierno nacional para mantener la estructura militante de la organización Tupac Amaru.
Ello, sin contar con que los procesos penales que se encuentran en marcha van a arrojar luz sobre las actividades presuntamente violentas de Tupac Amaru y de su igualmente presunta relación con organizaciones de narcotraficantes.
El riesgo que enfrentan estos procedimientos en su camino hacia la verdad es elevado, pues Sala está lejos de ser una figura políticamente neutra, por su identificación estrecha con el gobierno Kirchner y por su enemistad personal con el actual Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. El proceso penal puede convertirse en un arma de venganza política y, aunque así no sucediera, los seguidores de Sala están preparados para convertir a su jefa en una mártir de este gobierno y en un símbolo de la persecución política del macrismo.
Son riesgos que la democracia argentina y su Estado de Derecho deberán enfrentar sin complejos, porque si los poderes públicos competentes se muestran débiles o vacilantes en el combate contra la corrupción política, porque el investigado es una figura política, la impunidad estaría asegurada.