
Sin embargo, la efectiva liberación de Sala no se ha producido, ya que en el mismo acto y sin que la dirigente de Tupac Amaru abandone el establecimiento carcelario en el que se ecuentra alojada hace más de una semana, el juez ha decretado su detención provisional por otros delitos, de los que fue acusada con posterioridad a su detención.
La situación procesal de Sala es mucho más grave ahora, pues está formalmente imputada por los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión, que prevén penas de cárcel mucho más cuantiosas, y detenida, al menos, por un delito de administración fraudulenta de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas, en una causa iniciada por denuncia de integrantes de cooperativas.
Si bien la decisión judicial pone fin a una situación de manifiesta arbitrariedad, no alcanza para disimular la precipitación y las irregularidades en la tramitación de la detención de la controvertida dirigente piquetera, que sigue recibiendo apoyos desde la izquierda.
Muchos se preguntan sin embargo si detrás de esta inusual celeridad de los jueces y fiscales jujeños no se oculta la mano del gobierno provincial, pues resulta hasta un cierto punto inexplicable que frente a los abusos, irregularidades y manejos discrecionales de recursos del Estado cometidos por Sala y por gente de su entorno, que eran ya públicos y notorios mucho antes de la asunción del nuevo gobierno, los fiscales no hubieran actuado antes para restaurar la legalida conculcada.
Con todo, la detención de Sala durante más de una semana por delitos de muy escasa cuantía, confirma que se trató de una persecución de carácter político, solo matizada en parte por la tardía aparición de denuncias por delitos de mayor envergadura.