Eduardo Villalba y Diego Iglesias, fiscales federales del distrito Salta y la Procuraduría de Narcocriminalidad, respectivamente, han solicitado al juez federal Julio Leonardo Bavio que ordene el procesamiento de su colega de Orán, Raúl Juan Reynoso. También han solicitado que se acuerde la prisión provisional del magistrado, por la gravedad de los hechos que se le imputan y porque su libertad puede entrañar «graves riesgos procesales». La petición de los fiscales se extiende al procesamiento y prisión preventiva para el resto de los imputados, entre los que se encuentran abogados y empleados de la Justicia Federal que habrían ejercido de intermediarios para obtener sobornos, a los que se acusa de pertenecer a la asociación de malhechores presuntamente liderada por el juez Reynoso.
De estimarse la solicitud del Ministerio Público Fiscal, Reynoso no podrá ingresar en prisión a menos que antes sea «separado de su cargo», según la terminología que emplea el artículo 1 de la ley nacional 25.320, que instituye el régimen de inmunidades para legisladores, funcionarios y magistrados.
Según el escrito de los fiscales, el contenido de la declaración exculpatoria del juez Reynoso incurre en «severas contradicciones» que otorgan certeza a las acusaciones. Los fiscales se refieren, en concreto, a las llamadas telefónicas entabladas por Reynoso con el abogado René Gómez. “La severa contradicción entre la versión dada por el juez Reynoso –en cuanto a que no se comunicó vía telefónica con G. más de cuatro veces- y las constataciones efectivamente constatadas en autos –más de 180, muchas de ellas en momentos claves en que se adoptaban varias de las resoluciones judiciales aquí cuestionadas-, echa por tierra la ajenidad por él alegada en relación a los hechos investigados, y exime de mayor análisis sobre la cuestión”, argumentan los fiscales en su escrito.
También se hace referencia a las declaraciones coincidentes de los empleados del juzgado que identificaron a los letrados acusados de intermediar como los que con mayor asiduidad ingresaban al despacho de Reynoso. Los mismos testigos apuntaron -dicen los fiscales- que “las causas de esos abogados se movían más rápido”.
Según los fiscales, el modus operandi era el siguiente: el juez Reynoso acostumbraba a imputar a los detenidos «un concurso delictual con una escala penal alta», con el objeto de presionar al imputado detenido para que pagara el soborno. Una vez recibido el pago, el mismo juez modificaba la calificación legal o dictaba la falta de mérito sobre algunos hechos, de forma tal de permitir la excarcelación del reo.
“Ha quedado cabalmente demostrado que el Juez Federal de Orán, abusando de su cargo y valiéndose del carácter intimidatorio de su figura de único magistrado actuante en materia de narcotráfico con competencia a lo largo de 700 kilómetros de frontera con la República de Bolivia, construyó una figura con amplio poder intimidatorio sobre las personas por él detenidas o privadas de su libertad en causas en infracción a la ley 23.737, exigiendo a éstos y/o terceros la entrega de contribuciones dinerarias para mejorar su situación procesal”, han dicho los fiscales.
Alcance de las medidas cautelares solicitadas
Los fiscales han justificado su petición de prisión provisional para el juez Reynoso en el hecho de que éste se encuentra aún en sus funciones, razón por la cual -dicen- existen posibilidades ciertas de que la libertad de los restantes integrantes de este “aparato de poder contribuya a entorpecer el curso del proceso”.Añaden que el riesgo de presión sobre los testigos es un justificativo legítimo para ordenar la prisión y que en la investigación en marcha, varios de los empleados del tribunal han señalado en sus testimonios el temor a represalias por parte de Reynoso.
Finalmente, los fiscales han solicitado se decrete embargo con fines de decomiso de bienes por 30 millones de pesos, una cantidad que ha sido estimada tomando como base el cálculo, aún provisional, del dinero que habría ingresado la organización criminal investigada.