Un diario digital de la capital salteña se refiere a tres trabajadores del Poder Judicial de la Nación como «empleados de Reynoso», en alusión al Juez Federal de Orán, señor «Raúl Juan Reynoso», quien se halla por estos días envuelto en un escándalo de singulares proporciones. Se trata de tres trabajadores que fueron citados a declarar en el Juzgado Federal de Salta en el marco de la causa penal que se le sigue al juez oranense por los supuestos delitos de asociación ilícita, cohecho y prevarición.
Al parecer, la situación de estos trabajadores judiciales no es cómoda, pero no por el hecho de su declaración (hay que recordar que están obligados a decir verdad, como todo testigo), sino porque el juez investigado por unos delitos de semejante entidad se encuentra (increíblemente) aún al frente del Juzgado, sin que la autoridad competente haya resuelto su suspensión mientras se lleva adelante la investigación judicial.
Otro diario de Salta afirma hoy que los empleados han recibido amenazas por parte del juez Reynoso y que habría grabaciones que podrían acreditarlas. Lo cierto es que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, ante el pedido formulado por estos trabajadores para que se les permita dejar de asistir a sus puestos de trabajo mientras Reynoso continúe al frente del juzgado, ha dicho que deben volver a trabajar; es decir, se les obliga convivir en el mismo espacio con el juez investigado, a pesar de que ellos declararon en el sumario.
Por grave e inusual que sea, la situación no amerita que los medios traten a estos trabajadores como si fueran el jardinero o el ama de llaves del señor Reynoso. No son empleados de él sino del Estado nacional, que es el que les paga el sueldo y al que supuestamente sirven.
La idea de que los empleados de un Juzgado están al servicio de los jueces o de los secretarios es una idea solo compatible con la feudalización de la justicia o con la apropiación patrimonial de los juzgados y sus recursos por parte de sus titulares.