Un singular revuelo político, mediático y judicial ha provocado en Salta y buena parte del país la noticia de que el actual Juez Federal de Orán, señor Raúl Juan Reynoso, ha sido imputado y citado a declarar por sus colegas de la ciudad de Salta para responder por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo agravado y prevaricato.
Una resolución del Juez Federal Nº 1 de Salta, señor Julio Leonardo Bavio, fechada en esta ciudad el día 3 de noviembre de 2015, ordena citar a declarar como imputado al juez Reynoso y ha señalado la fecha de su comparecencia para el día miércoles 11 de noviembre, a las 10 horas. La resolución ha recaído en el expediente Nº 11195/2014 caratulado provisionalmente «NN: Notitia Criminis y otro s/a determinar».
En otra resolución de la misma fecha, el juez Bavio ha ordenado la detención del ciudadano Miguel Ángel Saavedra, funcionario del Juzgado Federal de Orán, y de cinco abogados: María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona, Lucinda María Segovia, René Alberto Gómez. Este último, se desempeñó como Procurador General de la Provincia durante el gobierno de Romero.
Un octavo imputado, el ciudadano Diego Aquino, alias Carioca, ha sido citado a declarar como imputado, pero no ha sido detenido al no haber accedido el juez Bavio a la petición formulada por los fiscales de la causa en tal sentido.
Cabe destacar que el juez Raúl Reynoso, a pesar de la extrema gravedad de los delitos por los que está imputado, no ha sido detenido por gozar de inmunidad en los términos de la ley nacional 25.320.
Asociación ilícita
La citada resolución judicial afirma que los imputados «formaban una organización criminal que tenía por objetivo la gestión y concesión de resoluciones judiciales tendientes a mejorar la situación procesal, especialmente la libertad ambulatoria, de distintos personas imputadas y detenidas en el marco de expedientes de trámite por ante el Juzgado Federal de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán en los que se investigan conductas de narcocriminalidad internacional, a cambio de dinero y/o dádivas».La misma resolución señala que, tras un exhaustivo análisis de once expedientes tramitados por el Juzgado Federal de Orán, el Ministerio Público Fiscal consideró acreditada la hipótesis de conductas penalmente reprochables por parte del Juez Federal Raúl Juan Reynoso, enderezadas a recibir dádivas o sumas dinero a cambio de resoluciones judiciales favorables a reos de narcotráfico. Los fiscales que investigan a Reynoso sostienen que la modalidad de ejecución de estos hechos ilícitos indican que no pudieron ser cometidos en soledad por el juez, los imputados o sus familiares, sino que detrás de estas conductas se ocultaba una ingeniería delictiva con una pluralidad de sujetos intervinientes.
Esta participación -dice la resolución- incluía a distintos abogados encargados de la defensa de los encargados y del funcionario del juzgado, Miguel Ángel Saavedra, todos ellos «favorecidos con el producto económico generado con el actuar disvalioso, configurando una verdadera asociación ilícita».
Según los fiscales, algunos de los abogados involucrados actuaron de forma directa (Esper, Valor, Segovia y Gómez), mientras que el letrado Gaona (en razón de su parentesco con el juez Reynoso) lo hicieron a través de «interpósita persona».
Sobre Saavedra recae la sospecha de ser el recaudador del dinero y el redactor de las resoluciones prevaricadoras que previamente habrían sido acordadas con el juez Reynoso, previa percepción de la dádiva. Los fiscales también señalan a Carioca Aquino como recaudador de la trama.
La resolución judicial insiste en que el Ministerio Público Fiscal ha considerado configurada la sospecha suficiente de que el Juez Federal Raúl Juan Reynoso «ha ocupado un rol trascendental en las maniobras delictivas hasta aquí analizadas como jefe de una asociación ilícita que funcionó con epicentro en la sede del Juzgado Federal de Orán».