
El anuncio del nombre de Posadas para hacerse cargo del IPV ha sido recibido con singular escepticismo por la opinión pública salteña, no solo porque el designado ha expresado recientemente su intención de postularse como candidato a Intendente de la ciudad de Salta, sino por el hecho de que, hace unos meses, Posadas justificó abiertamente la entrega de viviendas construidas con fondos públicos a personas con recursos económicos suficientes para procurarse una vivienda en el mercado, y, en especial, a funcionarios públicos.
El legislador suma así otro cargo público de tercera línea más a la ya larga lista que figura en su currículum, constituyéndose así en serio aspirante a desbancar como «funcionario comodín» del gobierno al versátil Rubén Fortuny, eterna «esperanza blanca» para cuanto cargo legislativo nacional se halle disponible en las filas del justicialismo y figura puesta para ocupar las vacantes que se producen cuando el gobierno se ve envuelto en escándalos.
Las redes sociales han puesto de relieve que la designación de Posadas al frente del IPV impedirá que salgan a la luz y se depuren las responsabilidades por las maniobras urdidas por el gobierno de Urtubey para favorecer a parientes, amigos e incondicionales del régimen con viviendas públicas destinadas a una finalidad social.