Fernando Alesanco Toffoli, quien hasta ayer se desempeñaba como presidente del malhadado Instituto Provincial de la Vivienda de Salta, ha presentado al Gobernador de la Provincia su dimisión, con carácter indeclinable. El funcionario, que había alcanzado alguna notoriedad -y concitado no poco rechazo- por aprovechar cada aparición pública suya para decir que la entrega y construcción de viviendas por el Estado (un derecho consagrado en la Constitución y una obligación de los poderes públicos) se realizaban en Salta por «voluntad del señor gobernador Urtubey», no ha caído sin embargo por obsecuencia ni por falta de un elemental sentido republicano sino por el peso enorme de las denuncias de corrupción formuladas por el diario El Tribuno.
El principal medio opositor al gobierno de Urtubey y polea de transmisión de los intereses personales y políticos de su propietario, el senador nacional Juan Carlos Romero, venía denunciando con llamativa insistencia una serie de operaciones irregulares en materia de adjudicación de viviendas públicas y otras tantas de trato de favor hacia empresas privadas vinculadas a Alesanco y a otros funcionarios del IPV.
Las denuncias -algunas de las cuales destaparon auténticos escándalos de amiguismo- ya habían conseguido torcer el brazo de Urtubey, cuyo gobierno debió echar para atrás una serie bastante numerosa de actos administrativos declarativos de derechos, con ocasión de la tramposa y parcial adjudicación de viviendas públicas (construidas con el dinero de todos) a los «amigos del poder» en las Lomas de Medeiro.
La misma insistencia mediática consiguió que el Gobernador elaborara urgentemente una normativa específica para poner límites a las mejoras que los adjudicatarios introducían en las viviendas públicas, pues la envergadura de las mismas dejaba claramente de manifiesto que el gobierno, en vez de destinar las viviendas a personas realmente necesitadas, estaba favoreciendo con suelo y edificaciones baratas a personas con una importante capacidad económica.
El punto más alto de esta escalada se ha alcanzado ahora con la renuncia de Alesanco, cuyos fundamentos, conocidos ayer, dejan claramente en evidencia que los rudimentarios informes de El Tribuno son suficientes para hacer tambalear toda la estructura del gobierno y para poner en serios aprietos a quien -se dice- será candidato a Presidente de la Nación.
Muchos se preguntan ahora si Urtubey -que apenas puede con El Tribuno- dará la talla cuando, como Presidente, deba lidiar con informes periodísticos negativos de The New York Times o The Economist.
Nada hace presumir que con el alejamiento de Alesanco se habrán terminado las operaciones opacas de adjudicación de obras y de viviendas. Pero algunos al menos abrigan la esperanza de que, de aquí en más, ningún funcionario que haya jurado su cargo por la Constitución y prometido cumplir las leyes, vuelva a decir jamás que los derechos de las personas se disfrutan en Salta por «voluntad del señor gobernador Urtubey».