Si le preguntásemos hoy a cualquier paseante desprevenido en la Plaza 9 de Julio qué ministerio del gobierno atiende el problema de las adicciones, nos responderá: el Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Derechos Humanos. Si paramos a otro y le preguntamos sobre el ministerio que se ocupa de la violencia de género, es probable que nos responda lo mismo, pero agregando en este caso al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Gobierno y al Ministerio de la Primera Infancia.
Otro tanto sucede con los temas ambientales, los relacionados con la discapacidad y con los llamados colectivos vulnerables, como aborígenes o personas con diversa orientación sexual.
Para cada uno de estos temas, los ministerios del gobierno de Urtubey han abierto un kiosco, han diseñado un «programita» y mantienen una cohorte de pequeños funcionarios, generalmente bienintencionados pero incapaces de solucionar el más mínimo problema con los recursos con los que cuentan.
Muchos de estos kioscos funcionan de espaldas a la realidad y las dificultades, hasta el punto de que muchos no se enteran que en el ministerio de al lado hay una oficina parecida que se ocupa más o menos de lo mismo. Lo primordial es cuidar el sueldo, que correría peligro si alguien con un mínimo de inteligencia decidiera fusionar todos los «caniles» habilitados.
Cuando lo descubren, antes que unificar las políticas dispersas o coordinarlas de una manera eficaz, los funcionarios deciden firmar un «convenio de cooperación recíproca», que generalmente no sirve para nada, excepto para reconocer que el kiosco de al lado existe, que no está dibujado ni es fruto de la fantasía.
Así pues, al mismo ritmo con que los ministros de Urtubey multiplican los ravioles en los organigramas, así tan rápidamente decrece la eficacia de las políticas del gobierno destinadas a acabar con la violencia contra las mujeres, ayudar a las personas adictas o luchar contra la contaminación.
La dispersión de las políticas parece haber sido diseñada por el enemigo (el narcotráfico, el machismo y la polución).
Si no existieran estos kioscos y no reinara entre ellos una orgullosa autonomía, los ministros poco tendrían para hacer, excepto firmar convenios con la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes o el Arzobispado de Salta, que son los socios por antonomasia en cualquier política que el gobierno se digne en llevar adelante.