Pese a que en el día de ayer el gobierno anunció con gran pompa que haría públicas hoy «importantes medidas» en relación con la violencia de género y el acceso de las víctimas a la justicia, las expectativas ciudadanas se han visto otra vez defraudadas, como ya ocurriera en septiembre del año pasado con el decreto 2654/14, que declaró el estado de emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial. De las nueve medidas previstas en el artículo 2º de aquel decreto -muchas de ellas simples aspiraciones convertidas en normas- solo se ha cumplido un 40%. Para muestra, basta mencionar el total fracaso de la implementación del botón antipánico, previsto en el inciso 8 de aquel artículo.
Hoy el Gobernador de la Provincia, con la asistencia de la Ministra de Justicia, ha anunciado la firma del decreto 2565/15 que, básicamente, dispone lo siguiente:
1) Que el gobierno provincial «brindará patrocinio jurídico gratuito» a las mujeres víctimas de violencia de género y de delitos graves.
2) Que los nuevos defensores oficiales de violencia familiar y de género «garantizarán» el acceso a la justicia a estas víctimas y velarán por el reconocimiento de sus derechos en sede judicial y extrajudicial.
En relación a la primera de estas medidas, la comunicación oficial del gobierno de Salta dice que el decreto «habilita» a que tanto las víctimas como sus familiares se constituyan como parte querellante en los procesos penales.
El decreto aún no ha sido publicado en el Boletín Oficial, pero del anuncio efectuado hoy se advierte que el Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, no puede habilitar ni deshabilitar nada en esta materia. El artículo 99 del vigente Código Procesal Penal de la Provincia reconoce a cualquier persona que haya sido víctima de un delito el derecho de intervenir en el proceso ejerciendo la acusación particular (esto es, constituirse en querellante) y la acción civil.
Por lo menos en cuanto al derecho que asiste a las víctimas de los delitos de violencia de género, la «habilitación» del decreto 2565/15 resulta innecesaria y superflua. Otra cosa es la posibilidad de que sean los familiares de la víctima de la violencia de género las que puedan asumir esa posición procesal. Pero hasta que no esté publicado el decreto resulta imposible comprobar la adecuación de esta norma a la legalidad vigente.
En lo que respecta a los defensores oficiales de violencia de género, su misión no puede ser nunca la de «garantizar» el ejercicio de un derecho fundamental, como lo es el de la tutela judicial efectiva. A lo sumo, lo que se espera de estos defensores es que puedan facilitar el ejercicio de este derecho cuya garantía se encuentra en la propia Constitución y no en la actuación de un magistrado de la Defensa Pública.
Por otro lado, las competencias y facultades de los nuevos defensores oficiales deberían estar claramente recogidas en la Ley orgánica del Ministerio Público y no detalladas al voleo en un decreto del Gobernador de la Provincia.
Medidas ineficaces para el propósito que persiguen
Ha dicho hoy el gobierno que las nuevas medidas de su decreto se suman a las ya adoptadas en el marco de la Ley 7857 que declara la emergencia pública en materia social por violencia de género en todo el territorio provincial, y que «marcan un importante paso en la lucha contra la violencia de género y la asistencia a las víctimas».Sin embargo, no se advierte de qué modo el patrocinio jurídico gratuito o el activismo procesal de los nuevos defensores oficiales de violencia de género pueden ayudar a atajar un gravísimo problema social cuyas raíces no están siendo atacadas.
La decisión del gobierno anunciada hoy solo se puede valorar como una modesta contribución al funcionamiento del aparato represivo y no como una innovadora medida de protección efectiva para las víctimas indefensas, sobre todo teniendo en cuenta que desde hace cinco años la Corte de Justicia mantiene funcionando su Oficina de Violencia Familiar, que básicamente tiene los mismos objetivos que los anunciados hoy por el gobierno: «garantizar a las víctimas de violencia familiar un efectivo acceso al servicio de justicia, a partir de una atención interdisciplinaria que les brinde atención, información, orientación y derivación en los casos correspondientes» (Acordada 10630 de la Corte de Justicia de Salta).