El Gobernador de Salta ha utilizado como pantalla el Día Internacional de la Mujer para anunciar que ha decidido reconsiderar su postura de no pagar la indemnización que el Estado provincial fue condenado a satisfacer a la joven Vanina Yapura Alderete, única sobreviviente del asesinato machista perpetrado en agosto de 2004 por su padre contra su madre y sus dos hermanos. En noviembre de 2012 y después de que la Corte de Justicia de Salta ratificara que el asesinato de Rosana Alderete y de los pequeños Rocío y Nahuel Yapura se produjo a causa de una brutal omisión de auxilio por parte de la Policía provincial, el gobierno, con Urtubey a la cabeza, presionó a la familia de la víctima sobreviviente para que aceptara quitas y aplazamientos en el pago de una indemnización que la propia Corte de Justicia había rebajado ya en un tercio para congraciarse con el gobierno.
En aquella oportunidad, Urtubey ordenó al Fiscal de Estado que amenazara con interponer un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Corte provincial, un recurso que el propio Gobernador reconoció que tenía una finalidad exclusivamente dilatoria: «Los abogados de la parte ganadora (Yapura Alderete) se pusieron firmes en que querían el pago en lo inmediato, y a esta altura del año no podemos gastar (sic) esa cifra», dijo entonces Urtubey.
Solo después de que el abogado que patrocina a Vanina Alderete anunciara su intención de llevar el caso a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Urtubey ha dado el brazo a torcer.
Los argumentos empleados para justificar su cambio de parecer son indignos de un gobernante decente.
En plena campaña electoral para su tercer mandato como Gobernador, Urtubey presenta el pago de la indemnización como un «regalo» por el Día Internacional de la Mujer; es decir, pretende sacar provecho electoral de la injusta e insostenible situación de mora en que había incurrido el gobierno al negarse a pagar un derecho reconocido en una sentencia del máximo tribunal de justicia provincial.
La posibilidad de ser nuevamente demandado ante la Corte Internacional de Derechos Humanos por violación de los derechos fundamentales de una mujer ha espantado definitivamente a Urtubey.
Después de haber urdido junto al Secretario General de la Gobernación y a la actual Fiscal de Estado una estrategia jurídica para eludir el pago de la indemnización y hacer todo lo posible para frustrar el disfrute de un derecho reconocido por la justicia, Urtubey se muestra ahora como el campeón de los derechos de las mujeres y el garante de su disfrute. Sin ruborizarse, ni reconocer errores de ninguna naturaleza, el Gobernador ha declarado que «los derechos no se declaman, nosotros debemos garantizar que se ejerzan».