El fiscal Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11 ha solicitado formulado hoy al juez competente requerimiento de instrucción penal contra la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, contra altos funcionarios de su gobierno, un legislador nacional, un exfiscal federal y varios ciudadanos particulares. A todos ellos el fiscal les imputa un delito de encubrimiento, del artículo 277 del Código Penal argentino, que prevé una pena máxima de tres años de prisión.
Junto a la Presidente de la Nación han sido imputados el Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno, Héctor Timerman, el diputado nacional Andrés Larroque, el exfiscal federal Héctor Luis Yrimia, el piqutero kirchnerista antisemita Luis Ángel D'Elía, y los ciudadanos Jorge Alejandro 'Yussuf' Khalil, Fernando Esteche y Ramón Allan Edgar Bogado.
Según el escrito de Pollicita, la imputación se basa exclusivamente en la denuncia efectuada semanas atrás por el fallecido fiscal Alberto Nisman. De acuerdo con los términos de esta última, los ahora imputados siguieron un plan operado por Cristina Kirchner para encubrir a un grupo de iraníes y desviar la investigación judicial por el mortal atentado con coche bomba a la mutual judía AMIA, perpetrado en julio de 1994.
«La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, la Dra. Cristina Elisabeth Fernández de Kirchner e instrumentada principalmente por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, Sr. Héctor Marcos Timerman», dice un pasaje de la denuncia presentada en su día por Nisman.
El plan al que alude el fiscal ha sido descrito también como «un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa [AMIA], para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina, con competencia en el caso».
La imputación de la Jefa del Estado ha tomado por sorpresa al gobierno, que poco antes habría expresado por boca del Secretario General de la Presidencia, Aníbal Fernández, que la imputación penal a la presidenta «sería una maniobra de desestabilización democrática».
Por el momento, el fiscal a cargo del asunto no ha solicitado -como sí lo había considerado Nisman- ordenar la detención de la Presidente de la Nación y su interrogatorio.
Lo cual sin embargo no es obstáculo para que la decisión de imputar a Cristina Kirchner haya tenido una enorme repercusión internacional, directamente vinculada con la inusitada gravedad de los hechos que se le reprochan.