Gerardo Morales, el gobernador que se denuncia por corrupción a sí mismo

Probablemente sea el único caso en el mundo: un gobernador acorralado por las sospechas de una contratación opaca y de favor, en lugar de echar al ministro presuntamente involucrado en la maniobra (un ministro que no ha nacido en un repollo sino que el mismo gobernador ha designado) e intentar aclarar las cosas, resuelve pedirle a su Fiscal de Estado que promueva una denuncia penal por corrupción contra el mismo gobierno que dirige.

La denuncia, prolija y expeditivamente interpuesta por el requerido Fiscal de Estado, ha motivado que la autoridad judicial competente ordenara el allanamiento a las oficinas del ministerio sospechado y la incautación de ciertos elementos informáticos, que ahora deberán ser peritados.

Es evidente que si no hubieran indicios delictivos, muy difícilmente un juez habría autorizado ninguna de estas medidas.

Se defiende el gobierno de Gerardo Morales diciendo que lo que se propone con la denuncia es «investigar» lo que pudiera haber ocurrido con la contratación supuestamente amañada, con la velada intención de «limpiar el buen nombre» de un gobierno enclenque que hasta aquí se ha caracterizado por una altísima capacidad para manipular a la justicia. En otras palabras, de lo que se trata es de aprovechar un amplísimo poder de influencia sobre las decisiones judiciales para que un juez o un fiscal declaren, con autoridad de cosa juzgada, que aquí no se ha cometido delito alguno-

Probablemente, el señor Morales ignore que el proceso penal contempla a la investigación como un medio y no como un fin, y que la única verdadera finalidad de una denuncia penal es el castigo de los culpables, y no el «reputation laundry». Para cosas como esta hay empresas privadas, que por una módica «pauta» se encargan de hacer el trabajo sucio y a las que basta con contratarlas directamente, por una tarifa fija y sin rendirle cuentas a nadie, como casi todos saben ya en Jujuy.

Podría el gobernador jujeño haber abierto un sumario administrativo o una información reservada, pero no ha hecho esto, sino que ha ido a la justicia de su provincia, sin siquiera tomarse la molestia de poner en marcha los mecanismos internos legalmente previstos para intentar aclarar las irregularidades administrativas.

Pero si las cosas son ridículas a estos niveles del lado del Gobernador de la Provincia, alcanzan niveles de estupidez preocupante en niveles más inferiores, puesto que cualquier persona que desempeñe un cargo de ministro (con un mínimo de dignidad personal) y al que le conste que su gobernador ha promovido una denuncia por corrupción en el seno de su propio ministerio, lo menos que puede hacer -y en un plazo no mayor a seis horas- es empacar sus cosas en un tupperware y presentar la renuncia. «Si usted cree que yo he cometido algún delito, si usted duda de mí, pues señor mío yo me voy».

Si en casos como este el gobernador en cuestión mantiene en su cargo al ministro o si este, enterado de la denuncia, se niega a dejar su cargo por iniciativa propia, la conclusión a la que se debe arribar es una sola: la denuncia penal no es sincera y con ella, otra vez, Gerardo Morales intenta instrumentalizar en su favor a la justicia de la Provincia que gobierna. Un gesto para la galería cuyo objeto no es más que «impresionar» a ciertas audiencias sensibles de Buenos Aires.

Más allá de todo esto, hay una cuestión de dignidad y de decoro de por medio. El que piense que cuando se señala a un ministro como presunto delincuente no se señala al conjunto del gobierno es un mal líder, insolidario y egoísta. Y el que se aferra a su cargo como a un clavo ardiendo cuando el escándalo adquiere tales proporciones que el gobernador que lo ha designado sale a salvar primero su cabeza antes que las de los demás, es alguien que demuestra hasta qué punto un ser humano puede rozar sus mínimos morales sin apenas despeinarse.