
Mientras el gobierno amenaza con sanciones disciplinarias que pueden llegar al despido o la exoneración a los huelguistas por entender que no pertenecen a ningún sindicato oficialmente reconocido, al parecer los mismos funcionarios que han esgrimido estas amenazas están dispuestos a hacer la vista gorda y a echar mano de subterfugios legales para evitar que los trabajadores dóciles al poder sean sancionados por ejercer sus derechos.
Así lo ha insinuado Maldonado Claure al desvelar el contenido de los mensajes de texto enviados desde 12 teléfonos celulares distintos en los que se formula una convocatoria a los trabajadores a concentrarse en la sede de la ADP para marchar por las calles de la ciudad.
El sindicalista recordó que solo el ministro de Educación tiene la potestad de otorgar las mencionadas 'comisiones de servicio0, por lo que exige al gobierno que aclare si la promesa de ADP de otorgar estas comisiones para cubrir a los manifestantes que eventualmente incurran en inasistencias a sus puestos de trabajo proviene de un acuerdo entre ADP y el gobierno.
Maldonado ha confirmado que no ha recibido respuesta del gobierno a su petición.