El pasado día 4 de octubre, el Gobernador de la Provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, presidió el acto de inauguración de un nuevo recurso público llamado Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
Como se puede apreciar en la fotografía, el estrado desde el que se pronunciaron los discursos -el de Urtubey incluido- estaba engalanado por la bandera nacional, la de Salta y, llamativamente, la de los Estados Unidos de América.
El emplazamiento de esta bandera no solamente está relacionado con la presencia en el acto del representante de la Drug Enforcement Administration en la Argentina, sino también con el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos mantiene virtualmente intervenida la política soberana de lucha contra el narcotráfico en la Provincia de Salta.
En su discurso, el gobernador Urtubey agradeció a la DEA lo que él llama «trabajo conjunto» y que en la práctica se traduce en la observancia rigurosa de las directrices de la agencia norteamericana, lo que supone que la Provincia de Salta no adopta las decisiones en materia de lucha antidrogas sino que ha dejado, de hecho, el asunto en manos de los agentes norteamericanos.
Si bien es cierto que el inusual crecimiento de la actividad delictiva en Salta ha provocado una sólida demanda social de intervención del Estado, no se puede entender que el gobierno de Urtubey, que en otras parcelas de la realidad se muestra inflexible e intransigente- haya claudicado y cedido con tanta facilidad a las presiones internacionales, sin dar cuenta ninguna a los ciudadanos.
El acuerdo con la DEA que permite a los Estados Unidos intervenir en las políticas domésticas de lucha contra el narcotráfico no es un asunto que se pueda atribuir a las decisiones del Ministerio Público Fiscal en uso de sus competencias y de su independencia funcional. Sin una participación activa del gobierno (del Gobernador, en este caso), cualquier intervención de la DEA en territorio salteño sería imposible.
Esta intervención demuestra sin necesidad de mayores razonamientos que el «soberanista» Urtubey mantiene un lado oscuro en sus políticas y que la debilidad de su gobierno -patentizada en la carencia de recursos para el combate contra la criminalidad organizada- le obliga a recurrir a una potencia extranjera para solucionar problemas que deberían resolverse con un mejor diseño presupuestario y una preparación más eficientes de las fuerzas de seguridad a su cargo.
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