
En esta ocasión, el Ministerio de Gobierno ha informado que está realizando gestiones ante el Estado Plurinacional de Bolivia por los salteños que se encuentran varados en Tarija, a raíz de un conflicto social que impide su regreso a la Argentina.
Dejando a un lado el hecho de que la protección de los ciudadanos argentinos en el extranjero es una competencia exclusiva del gobierno federal, lo cierto es que las gestiones del gobierno de Urtubey, según su propia comunicación oficial, se han limitado a dos:
1) A pedirle al Ministro de la Presidencia de Bolivia, señor Juan Ramón Quintana, su colaboración para la apertura de las carreteras cortadas o la gestión de puentes aéreos desde la ciudad de Tarija, para quienes, en su mayoría, viajaron a esta ciudad a venerar a la Virgen de Urkupiña.
2) A llamar a Bolivia para constatar que en Tarija se ha habilitado un albergue municipal para alojar a las personas varadas, con capacidad de 240 camas, comedores equipados, enfermería y áreas recreativas para niños.
En el primer caso, se trata de una petición en ciernes, que no parece haber sido satisfecha por el país requerido, entre otros motivos, por el hecho de provenir de una autoridad que carece de la necesaria legitimación legal.
En el segundo caso, la habilitación de las facilidades municipales es una decisión de la comuna de Tarija en la que no ha influido en lo más mínimo el gobierno provincial, que, una vez más, presenta como suya una decisión adoptada por otra autoridad.
En suma, que si del gobierno de Urtubey y del secretario Godoy depende el regreso de los salteños varados en Tarija, más vale que esperen sentados.
Fuente: Gobierno de Salta