
Según la información del gobierno provincial, en encargado de efectuar el anuncio de rescisión fue el Ministro de Ambiente y Producción Sustentable, señor Javier Montero Sadir, quien aclaró que el contrato ahora rescindido se encontraba vigente desde el año 2007, año en que el gobierno de Juan Carlos Romero concedió la explotación del manantial a la empresa Plumada, S.A.
El mismo funcionario ha precisado que en los próximos días se convocará a una nueva licitación.
Los motivos
Según el ministro Montero, la decisión de rescindir el contrato fue adoptada a causa de lo que el gobierno califica como «numerosos incumplimientos por parte de la empresa». Dichos incumplimientos -añade la información oficial- fueron «detectados en los distintos procedimientos de control realizados».En concreto, el gobierno se refiere al incumplimiento de la obligación de ejecutar obras que fueron comprometidas al momento de la concesión. La información oficial no indica de qué obras se trata así como tampoco dice si el gobierno, frente a estos incumplimientos, adoptó las medidas tendentes a la conservación del contrato.
Añade la comunicación gubernamental, que Plumada, S.A. tampoco generó los puestos de trabajo estipulados (no dice cuántos puestos, de qué tipo y en cuánto tiempo debería haberlos creado), así como tampoco abonó en tiempo oportuno el canon fijado para la comercialización de las aguas termales.
Dice el gobierno que Plumada, S.A., al contrario de lo ajustado en el contrato, pagó este canon fuera de término y «sobre el mínimo fijado en el contrato, con valores arbitrarios y sensiblemente menores a los precios de venta».
La información oficial adolece de algún grado de imprecisión, por cuanto en principio si el canon -aunque fuera del plazo- fue pagado sobre el mínimo fijado en el contrato, no se trata del pago de un «valor arbitrario», sino de uno previsto por las partes.
Los archivos
La historia de la contratación del Estado provincial de Salta con la empresa Plumada, S.A. es la historia de una desavenencia prolongada.A comienzos de este año, el presidente de la empresa contratista, Daniel Moreno, fue objeto de una denuncia penal por parte del gobierno de Urtubey, que adujo en su día que Plumada, S.A. estaba entorpeciendo la devolución de la documentación sometida a su custodia en virtud del contrato administrativo que puso a su cargo la gestión de los archivos provinciales y que el gobierno provincial rescindió de la misma manera que ahora hizo con la concesión de Agua Palau.
Los responsables de la empresa rescindida aún no se han pronunciado sobre esta decisión del gobierno ni han respondido a las acusaciones de incumplimiento con la que los funcionarios han justificado la decisión extintiva.