El presidente de la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes, señor Carlos Diez San Millán, lanzó ayer una amenaza directa a la Cámara de Senadores de la Nación y al resto de los poderes legítimamente constituidos, al anunciar en una entrevista concedida a un canal de televisión de Salta, que «el pueblo se va a alzar en armas si no se aprueba el feriado de Güemes».
De producirse este alzamiento, el mismo tendría por destinatario y sujeto pasivo a la autoridad legítima del país, por lo que no sería descabellado pensar que en las próximas horas un fiscal del territorio llame al señor Diez San Millán a sentarse en su despacho y dar explicaciones de tan preocupante anuncio.
Y ello, por cuanto la amenaza de alzamiento armado contra uno de los poderes públicos del gobierno nacional, para impedirle el libre ejercicio de sus facultades constitucionales, es un delito previsto y castigado por el artículo 226 bis del Código Penal argentino con pena de prisión de uno a cuatro años.
Más significativo aún es que la amenaza de alzamiento armado contra la autoridad provenga de un gaucho que ejerce efectivamente de socio del gobierno provincial, a título de cogobernador, y aliado estructural del gobernador Urtubey. Aunque es probable que en el fragor de la batalla ideológica por ver quién es más hincha de Güemes, el acalorado comentario del gaucho no haya sido previamente revisado por el Gobernador de la Provincia, ni consensuado con él.
La amenazante declaración del gaucho -que no es, repetimos, un gaucho iletrado cualquiera sino el presidente de una institución con amplio arraigo social- merecería por sí sola que, antes de la votación que se apresta a realizar el Senado nacional, el cuerpo en su conjunto votara una cuestión de privilegio, pues la amenaza del uso de la fuerza armada pone en serio riesgo la dignidad, la independencia y la autonomía parlamentaria.
El asunto puede tornarse muy serio, puesto que la propia Constitución establece en su artículo 22 que «el pueblo» (el mismo sujeto que el gaucho indignado anuncia que se alzará violentamente) no delibera ni gobierna, «sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución» y que «toda fuerza armada o reunión de personas» (lo de personas incluye a los gauchos) «que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición».
Por lo demás, dejando de lado la posible comisión de los delitos de traición a la Nación, atentado al orden constitucional y a la vida democrática y sedición, estaría muy divertido ver que se «alcen» los gauchos. Sería muy interesante que pudieran demostrar sus habilidades guerreras en un mano a mano con el personal de la comisaría de la localidad de Herrera, en Santiago del Estero, porque «el pueblo» no se imagina que, con el estado atlético y de preparación bélica que tienen hoy en día los gauchos, vayan a llegar más lejos.
La insólita actitud del jefe gaucho aliado de Urtubey, lejos de ayudar a Güemes en su «posicionamiento» solo parece abonar la tesis de que el héroe salteño y sus seguidores eran unos salvajes.
Si en las próximas 12 horas, el gobierno de Urtubey no toma públicamente distancia con esta alocada maniobra gaucha, habrá que entender que el mandatario la respalda y que los fiscales deberán llamarlo también al Gobernador para escuchar su postura sobre el tema.
Las armas
La posesión de armas de guerra está prohibida por las leyes que rigen en nuestro país. Si al jefe gaucho le constara fehacientemente -como ha insinuado- que el pueblo o algunos de los afiliados a su agrupación disponen de este tipo de armas, la obligación de los fiscales es llamarlo para que diga públicamente dónde están estas armas, quién las tiene, de dónde las ha conseguido y qué se propone hacer con ellas.Si esto no ocurre, habrá que pensar que los gauchos están sometidos a un estatuto legal exorbitante y que, como privilegiados que son, no forman parte de la república que nos cobija a todos sino que son sus enemigos declarados.
Fuente: Canal 9 de Salta