El gobierno provincial de Salta ha resuelto extinguir los contratos que vinculaban al Estado provincial con las Fundación Trabajo y Solidaridad, la pantalla jurídica bajo la cual operaba en sindicalista Abel Ramos y en virtud de la cual disfrutaba de la concesión de los servicios de limpieza, mantenimiento y cocina de los principales hospitales de la ciudad de Salta. Pasaron casi veinte años desde que Juan Carlos Romero, en una operación sin precedentes en la historia de la administración pública provincial, decidiera externalizar aquellos servicios y crear lo que erróneamente se llamó «empresas tercerizadas».
Los veinte años sirvieron para blindar el poder de Ramos dentro del sindicato de trabajadores de la sanidad pública y para inflar la cuenta de resultados de su fundación, pero no para mejorar los servicios públicos ni lograr la eficiencia en la gestión de los hospitales. Al contrario, las «décadas bicentenarias» de Ramos se caracterizaron por agudos conflictos con sus trabajadores, por prácticas opacas, gestos autoritarios y desplantes antiobreros que en algunos casos pusieron a los hospitales al borde del colapso.
La finalización de los contratos con Todolim, Cocirap y Trabasani (las empresas del holding de Ramos) supondrá la absorción por parte de la administración central del Estado de unos 450 trabajadores que, en algunos casos, recuperarán después de veinte años la condición de agentes públicos, tras el humillante cese masivo dispuesto por Romero a comienzos de 1996.
Lo paradojal de la situación es que los vínculos políticos e ideológicos entre Urtubey y el sindicalista Ramos, si bien como es lógico no siguen siendo iguales, no parecen haber sufrido un deterioro terminal. Lo que lleva a pensar que la fundación de Ramos, una vez apartada de la gestión privada de los servicios auxiliares de los hospitales públicos, seguirá disfrutando de la complicidad del gobierno y de las prebendas que éste reparte con su acostumbrada magnanimidad.